Periodismo y poder, una relación ríspida en el Uruguay

La necesidad de democratizar la información

La falta de información oficial sobre decisiones trascendentes del gobierno que afectan al país está eclosionando en la opinión pública, provocando distorsiones que, seguramente, determinan graves malentendidos, versiones equivocadas, por más que la gente de prensa quiera llevar a su público los datos más cercanos a la realidad. El tema del relacionamiento, por ejemplo, con EE.UU. y la definición clara y terminante de lo que se quiere hacer, determina que la confusión siga imperando, que en la propia fuerza política que sustenta al gobierno reinen contradicciones de todo tipo que, obviamente, se trasladan al resto de los uruguayos ¿Habrá TLC o no? Como hacer para alinearse, elegir las alternativas para encolumnarnos o no, si no tenemos claridad en el concepto. Este es un ejemplo, evidente, de una información que no está siendo democratizada.

Creemos que en ello es necesaria la explicitación oficial, no solo de los puntos que se trataron, sino también de las intenciones y de los deseos que están en la base de las políticas, para que universalizando la información todos puedan contribuir o no, desde el apoyo o la oposición, con las salidas que el país busca (o trata de encontrar) para emprender un camino firme hacia un futuro promisorio. Los periodistas tenemos la misión de dar cuenta de todos los detalles, no de fragmentos imperfectos o ser instrumentos de acciones políticas, tiros por elevación y otras yerbas, que no tienen nada que ver con nuestra tarea específica.
Hace algunos días un compañero hizo llegar a mi mesa de trabajo un interesante artículo. Publicado en el boletín “Transparencia” que edita el Banco Mundial, que lleva la firma del periodista de Canal 10 y corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Nelson Fernández, quién sostiene que “la misión del periodista es más simple de lo que se cree… recoger información, procesarla y divulgarla al público” Y agrega que “confunde que muchos periodistas se sientan obligados a involucrarse en otros trabajos, que no son propios de la profesión, sino de un fiscal, un policía o un militante de causas diversas, incluso elogiables, como por ejemplo el combate a la corrupción”
Por supuesto que es difícil encontrar en nuestro medio ese paradigma de hombre de prensa que pregona Fernández, donde por razones de subsistencia aparece el multi empleo y muchas veces los periodistas tienen que sumar a su tarea principal otras que quizás puedan cuestionar su independencia. Sin embargo esa situación a muchos no les ha limitado esa tan necesaria independencia, que se coloca como el valor quizás más trascendente que está en la base misma de esta profesión, pero debemos reconocer que el multi empleo sirve para cuestionar, de alguna manera, su credibilidad. Pero, en definitiva, químicamente puro, ¿quién es?
Por eso es bueno ir a otra definición sobre la profesión, dada en una conferencia por el periodista argentino Joaquín Morales Sola, que va en dirección parecida a la de Fernández, pero que se sumerge en las profundidades de lo que es esta profesión tan llena de alternativas e incomprensiones.
Dice que los periodistas tienen la misión de cuidar los valores democráticos. ¿Cómo? Preservando su independencia y su credibilidad, de las que deben dar pruebas todos los días. En segundo lugar, no deben caer en tres tentaciones que son letales para el periodismo: la corrupción, la soberbia y el protagonismo. “No debemos pretender ser más de lo que somos, no debemos estar en el centro del escenario resolviendo y protagonizando la vida publica del país ni sentirnos contentos porque entramos en el Tango 01. Yo no conozco el Tango 01, ni lo conocí con Menem ni con De la Rúa ni con Kirchner", concluyó Morales Solá su intervención el la Feria del Libro de Buenos Aires.
A que llevan las dos opiniones, a definir a otro protagonista esencial en esta historia, que es el poder. En nuestro país las relaciones de los medios con el poder central (léase el gobierno), son por demás complejas. No existe nunca un fluir de información suficiente para que se pueda decir que la misma tiende a democratizarse y que unos y otros tenemos el derecho (todos), de saber que se hace y se proyecta en el gobierno que la mayoría de los uruguayos eligió.
Al comienzo citamos el tema de las relaciones comerciales con EEUU, en las cuales hasta un ministro de Estado, sostiene que dejaría su cargo, de ser de una manera y no de otra el acuerdo. ¿Es que él no tiene esa información? Otro ministro afirma públicamente, para aumentar la confusión, que él, si ocurriese, firmaría “40 tratados TLC”, pero mostrando también que no sabe bien de lo que se trata. Las dos versiones posteriormente fueron “desmentidas” por los protagonistas, atribuyéndolas a la “mala intención” del periodismo.
Algo parecido está pasando en el tema de la sanción a las violaciones de los derechos humanos en el Uruguay. La detención de los militares y policías requeridos por la justicia argentina, vinculados en el secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, fue envuelta por una cerrazón informativa oficial sorprendente.
No hubieron partes oficiales sobre este tema de por si relevante, porque además de la espectacularidad del hecho mismo, por primera vez se está cerrando el lamentable período de larga e insolente impunidad de un grupo de presuntos criminales que amparados en su función pública, llevaron a cabo aberrantes acciones durante la dictadura militar, violando derechos humanos y luego lograron, por el beneficio de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y la acción “cómplice” de sectores políticos, una situación que se convirtió en una afrenta para la justicia que debe existir en el marco de una democracia. (1)
Sin embargo la prensa para informarse de los hechos, para tratar de desentrañar todos los detalles de la espectacular trama, encontró una cerrada negativa de las fuentes oficiales en brindar información. Nadie en los Ministerios involucrados (Interior y Defensa Nacional), pudo validar las versiones circulantes, para lo que bastaban dos o tres palabras de algún responsable, o un breve comunicado público que diera cuenta de lo actuado. Cuando apareció uno, fue tardío, inútil, totalmente a destiempo. No contribuyó informativamente en nada nuevo.
Los periodistas debieron recurrir a “informantes” y “fuentes”, para ir reconstruyendo situaciones cambiantes, con datos que se siguieron agregando hasta bien entrada la madrugada, armando una especie de rompecabezas, sufriendo todos ellos el nerviosismo de que el material presentado no tuviera alguna inexactitud de la que en definitiva, los que trabajaron denodadamente por trasmitir una información correcta y fidedigna, no deberían sentirse responsables.
No es aceptable que los responsables verdaderos o “dueños de la información”, por causas poco claras, que nada tienen que ver con la información misma, no atienden los teléfonos, cortan los celulares, no vehiculicen que organismos como la SEPREDI (que para algo debería servir), traten de universalizar la información, por que en ello también se basa la plena vigencia de la democracia, y que los periodistas podamos así multiplicar la exactitud y dar una versión enteramente correcta de los temas.
No es aceptable el absurdo bloqueo informativo impuesto; ni tampoco que el periodista tenga que esperar el “comunicado oficial”, que nunca llega en el momento adecuado ni se realiza teniendo en cuenta los vertiginosos ritmos de los medios de comunicación. Ello es claramente un despropósito.
Lo peor de todo es que algunos no advierten que se están perjudicando a si mismos. El gobierno progresista de Tabaré Vázquez, a poco más de un año de haber asumido, está logrando terminar con la impunidad que gozaban “represores” de la talla de los hoy encarcelados. Y lo logra cumpliendo con la Ley, sin violentar ninguna norma ni derogar leyes anteriores. Lo hace en ese caso, vehiculizando como es correcto pedidos de extradición de la justicia argentina, dando intervención a los estrados judiciales del país que le abren a los implicados todas las garantías del debido proceso. Es una acción impecable en su trámite y su motivación.
Ello ocurre porque existe y sobrevuela, una decisión política, que está basada en un concepto de justicia básico e irrenunciable, porque en un país en donde existían presuntos criminales en esa condición de impunidad, esa justicia que es básica para la democracia, no regía plenamente.
Por ello son doblemente sorprendentes las dificultades informativas que encuentran los periodistas a quienes los jerarcas cortan los teléfonos, no dan cuenta de los resultados de las decisiones que igualmente trascienden por otros conductos menos seguros y que pueden llegar en versiones deformadas a las redacciones.
El tema es, por lo tanto, resolver el problema existente entre la prensa y el poder, por conductos adecuados, entrelazados, que permitan a los periodistas una relación profesional y un llegar a la información de manera rápida, evitando así distorsiones que, después, son citadas por algunos gobernantes como muestras “de mala fe” de quienes trabajan en ella.
Por supuesto que la relación entre la prensa y el poder siempre ha sido y será conflictiva. Cuando no lo sea – como dice el propio Morales Solá – el periodismo habrá desaparecido o habrá dejado de ser tal.
Lo que es bien cierto.

(1) Esta parte de mi nota, en que defino posiciones, no le debe gustar a algunos, porque me estoy involucrando en algo distinto a mi profesión, como la defensa de los derechos humanos. ¿corresponderá?

servido por Carlos 1 comentario compártelo