No habrá más "santuarios" de impunidad

Ante el fuerte apoyo que recibió aquí la posición de Argentina y Francia en Ginebra de encabezar junto a otros países, entre ellos Uruguay, un proyecto para declarar "crimen de lesa humanidad" la desaparición forzada de personas y establecer la "jurisdicción universal" para juzgar este delito, militares retirados del ejército volvieron a la escena pública para desafiar a los gobiernos, tratando de mantener las coordenadas de su histórica impunidad.

Miguel Etchecolatz, ex policía represor de la dictadura, ayer al iniciar su proceso en la Suprema Corte de Argentina Foto Reuters

De aprobarse la propuesta y de extenderse al mundo como Ley universal, todos aquellos que cometieron delitos de “lesa humanidad”, serán pasibles de persecución y detención en cualquier país del mundo vinculado a las Naciones Unidas. Es una medida que dejará aislados a los violadores de los derechos humanos y, en alguna medida, sirve para
poner punto final a la polémica que está tomando cuerpo en Uruguay al iniciarse una campaña por la derogación o anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (norma de impunidad que, más por actitud política de los gobiernos blancos y colorados que por la fría letra de la propia ley, sirvió para no perseguir y castigar a los responsables de una cantidad de delitos, muchos de ellos de lesa humanidad), que hoy por la simple decisión política del partido de gobierno, está motivando que más de uno de estos presuntos delincuentes se encuentre enfrentando a la Justicia, en trámites de extradición.
Esto coincide en la Argentina con el comienzo del juicio oral que realizó su primera sesión en La Plata, provincia de Buenos Aires, para juzgar al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien fue el "número dos" en la jerarquía de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar (1976-1983).
En el juicio se acusa a Etchecolatz por su responsabilidad en siete secuestros y cinco homicidios, que sólo son símbolos de miles de crímenes que se cometieron en esa provincia en los años del horror.
Ante medio millar de personas, entre los que estaban víctimas y familiares, el ex policía, también acusado en otros juicios por apropiación y cambio de identidad de niños nacidos en cautiverio en esos años, se negó a declarar y solicitó ser juzgado por un tribunal militar.
Este es el primer juicio oral y público que se realiza después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dictó la Corte Suprema el año pasado refrendando la decisión del Congreso Nacional, en 2003, en un proyecto que envió el gobierno de Kirchner.
La larga lucha por la justicia de los organismos humanitarios locales se vio hoy alentada con el inicio de este juicio que comenzó con la lectura de la acusación fiscal contra el ex jefe de de Investigaciones de la Policía Bonaerense bajo el comando del ya fallecido general Ramón Camps, uno de los mayores criminales de la dictadura pasada, que solía jactarse públicamente de las desapariciones y asesinatos de los que llamaba "subversivos".
En Bélgica, junto a Argentina y Francia, tanto Chile, como México y España conformaron un "grupo de presión" en favor de la aprobación de la convención contra la desaparición forzada de personas" en lo que fue la primera sesión del nuevo Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Si esto se lograra, los responsables de los delitos de desaparición podrían ser detenidos y procesados en terceros países y no sólo en el de origen o donde se cometieron los crímenes, lo que significa un avance definido contra la impunidad.
Esta situación, más los cambios producidos en los últimos tiempos en Uruguay. En la Argentina están conmocionando a los militares retirados, que han protagonizado varios actos de rebeldía en los últimos días y hoy realizaron un inesperado homenaje -en el Círculo Militar- a sus compañeros muertos en "la guerra contra la subversión", y anunciaron: "Nunca bajaremos los brazos ni olvidaremos a nuestros compañeros".

servido por Carlos sin comentarios compártelo