Las deformidades de nuestro Estado: ¿Para cuando la reforma?

Las empresas públicas están actualizando continuamente sus tarifas, en una política que tiene bastante de recaudatoria y que va ¬ en ocasiones ¬ más allá de sostener solo equilibrados sus presupuestos.

Este tema nos preocupa porque desde estas páginas siempre hemos defendido la vigencia del actual esquema de propiedad estatal de dichas empresas, apoyando y peleando editorial tras editorial, a favor del voto popular que impidió que en el referéndum realizado que ANCAP, peligrosamente, comenzara a deslizarse hacia el sector privado.
Sin embargo desde aquellos tiempos a los actuales, cuando ya tiene un buen tiempo de asumido el gobierno popular, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el recurso de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar a los uruguayos, los combustibles más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan ni en los países vecinos ni en los del primer mundo.
Ni hablar de la energía de UTE o del agua que provee la OSE. Por supuesto que sabemos de algunos esfuerzos, como los de ANCAP, al desprenderse de las estaciones de servicio en la Argentina, un verdadero cáncer que, obviamente, estábamos pagando todos, en cuotapartes, en los precios de los combustibles.
Uruguayos, que si bien en el sector privado hemos recuperado algo de nuestro poder de compra por la puesta en vigencia de los Consejos de Salario, otros compatriotas en el sector público se mantienen dentro de márgenes de absoluta orfandad. Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, de Salud Pública, de la Enseñanza, policías y militares, que no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente.
A nuestra mesa de trabajo nos llegan además algunas informaciones de las propias empresas públicas, las que utilizan sus tarifas como variable de ajuste y que dan cuenta de la existencia de situaciones de privilegio. Funcionarios con nivel de gerentes, que en algunas de ellas suman cientos, de dudosa eficacia funcional, que si vivieran en el “primer mundo” cobran como si trabajarán para empresas de países altamente desarrollados, sueldos y compensaciones que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de la mayoría de los uruguayos.
Ni hablar si la comparación es con jubilados y pensionistas - cuyas remuneraciones fueron topeadas por resoluciones del gobierno de la dictadura - y todavía a nadie se le ha ocurrido que eso es una afrenta para la sociedad toda y que nuestros viejos no merecen seguir en esa situación, muchos de ellos en el más abierto subconsumo.
Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que ahora el gobierno prometió encarar, que tenga en cuenta las absurdas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios inaceptables. Para colmo hay todavía quienes justifican esa disparidad hablando de capacidades, formaciones y los atractivos de esos señores que, de no ser contemplados, serían atraídos por el sector privado.
Todo es discutible y la mayor parte no es cierta, especialmente en el Uruguay, en donde el sector privado vivió sus crisis y su bonanza es producto del manejo adecuado de las variables de los negocios. Sabemos, eso si, de algunas instituciones financieras internacionales que pagan altos salarios gerenciales, pero en general las mismas ponen plazos a la función, no admiten transgresiones y, establecen recambios reiterados, los que determinan que el ejecutivo siempre tiene sobre su cabeza la espada del despido, del traslado a otro país (con lo que ello significa) u otras contingencias de inestabilidad. No son “inamovibles”, como algunos de nuestros gerentes.
No nos negamos a que el Estado o una empresa pública, para una acción puntual, pueda contratar a un técnico del más alto nivel, en base a valores internacionales. De otra manera no sería posible concretar algunas tareas. Pero lo que no es adecuado, como política general, es mantener una situación salarial de privilegio, alejada de la realidad que ello además sea posible por la existencia de tarifas públicas, como las que pagamos los uruguayos.
La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cual es nuestra realidad.
Los funcionarios públicos sumergidos y los jubilados y pensionistas lo están esperando, además se lo merecen.
¡La eficiencia del país también!

servido por Carlos 1 comentario compártelo