Bordaberry y Michelini: La fosa de la enemistad

Luego de ser espectadoras del insólito espectáculo mediatico brindado por Pedro Bordaberry y Rafael Michelini en el programa "Zona Urbana", decir que nuestra preocupación por los destinos de la sociedad uruguaya se han acrecentado y, además, que ese sentimiento - más allá de los que toman partido sectariamente sin atender razones sobre lo visto y escuchado - creemos que debe comenzar a generalizarse entre los uruguayos.
Lo que ocurre, además, es que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sumando al establecimiento de la impunidad para delitos de gravedad inusitada, hizo algo peor para nuestro ordenamiento legal. Puso en manos del gobierno el resorte inicial para vehiculizar valores que son inneherente solamente a la Justicia, y, por supeusto, necesarios para la convivencia, en lugar de dejarlo en manos del Estado de acuerdo al principio republicano de la división de poderes. Para llevar adelante un caso que afecte a militares o policías, en un tema de derechos humanos, primero se debe contar con el visado de parte del Poder Ejecutivo el que actúa (lo sabemos por nuestra experiencia histórica), de acuerdo al Partido Político que haya obtenido el triunfo electoral. ¿Así puede funcionar una democracia? ¿De esa manera se puede hacer justicia?
Obviamente, nadie puede sostener lo contrario sin manejar una enorme dósis de sectarismo´ideológico, que de esta manera se pueda impartir justicia.
Sobre el tema queremos entregar hoy a nuestros amigos un trabajo del periodista argentino Natalio Botana, que hace momentos leímos en la edición electrónica del diario LA NACION, referida a lo que está ocurriendo en la Argentina pero que tiene, evidentemente, elementos sustanciales, aleccionantes, que nos sirven para profundizar también en nuestra dificil realidad.

La fosa de la enemistad

Por Natalio R. Botana (*)

Sin descanso seguimos cavando la fosa de la enemistad. En pocos días, varias noticias han tenido la desgraciada eficacia de ubicarnos de nuevo en una época herida por la tragedia.

La desaparición de Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio a Miguel Etchecolatz, viene acompañada de otras amenazas a varios magistrados judiciales y de una no menos preocupante corriente de agresiones en sentido contrario.

Suponiendo lo mejor (es decir que J. J. López aparezca con vida), habremos soportado unas semanas grávidas de amenazas; suponiendo lo peor, los fantasmas que creíamos inexistentes o ya superados, sobre todo para los jóvenes nacidos en democracia, seguirán cobrando su cosecha de odio.

De más está decir que semejante arremetida está directamente vinculada con los juicios al terrorismo de Estado y con la inclinación al conflicto que cultiva el Gobierno.

Hay tres maneras de lidiar con los crímenes del pasado. La primera, que se aplicó y no prosperó entre nosotros, consiste en desplegar un velo de olvido sobre aquella circunstancia: una amnesia, resuelta bajo presión o con independencia, por el Poder Legislativo (“amnistía” la llama la Constitución Nacional).

La segunda, en las antípodas de la primera, se aboca a la exigente tarea de juzgar todo el pasado en un arco amplio de imputación de responsabilidades, que comprenda los crímenes de Estado, mayores sin duda por su magnitud, y los crímenes que se dispararon desde la sociedad.

La tercera, en fin, actualmente en curso, asume la condición de una revisión parcial que, por tanto, juzga y condena a una sola parte de dicho pasado.

El problema que se desprende de esta última modalidad es que no toma en consideración aspectos prudenciales ineludibles.

Muy escasas son las naciones capaces de ponerse de pie y de revisar la violencia del pasado con vara pareja. En general, se buscan amnistías que en América latina suelen terminar mal para sus beneficiarios (véase, si no, el caso de Pinochet en Chile), o bien se la emprende con un sector del pasado, definido por el propio poder político como responsable de los males de antes y de ahora.

En esta última variante estamos actualmente empantanados, no tanto por la necesidad de hacer justicia con asesinos y torturadores, sino por el clima de intemperancia y enemistad que envuelve todo este proceso. Con esto queremos decir que el Gobierno no es equitativo en asunto tan grave, cuando debería serlo.

Esta exigencia es imprescindible para serenar los ánimos y enfrentar las acciones mafiosas de un mundo subterráneo dispuesto a comprar, mediante esa metodología, su propia impunidad. Es claro que aquí se confunde la ideología de un gobierno con la justicia que debe impartir el Estado de acuerdo con el principio republicano de la división de poderes. Resulta obvio –a veces se dejan de lado las cosas básicas– que este tema atañe el Poder Judicial, y no al titular del Poder Ejecutivo.

Para llegar a esta meta de la civilización política fue necesario recorrer un largo camino: hoy sabemos que si el poder de ejecutar y el poder de impartir justicia están concentrados en una sola mano se abren las compuertas de la arbitrariedad y, a la postre, del absolutismo. Pero además hay otro riesgo que se deriva de estos impulsos hegemónicos: el riesgo de colocar la alta exigencia ética de la justicia en los bajos fondos de la venganza.

Por desaprensión, o por esgrimir una visión facciosa del pasado, a veces no prestamos atención al hecho de que se está juzgando una tragedia de violencia política. Es una tragedia que sembró de muertos a toda una generación formada en medio de autoritarismos, golpes de Estado y concepciones pretorianas de la vida pública. Entonces se identificó la política con la guerra y se subordinaron los medios a los fines de conquistar y ejercer el poder a cualquier precio. Entonces, también, el miedo recíproco invadió los vínculos sociales y terminó atrapando en su madeja a unos y a otros.

El punto álgido de la tragedia llegó cuando la dialéctica de una enemistad excluyente, en cuanto al valor sagrado de la vida, oscureció completamente el panorama político.

Si éstas fueron nuestras desdichas, lo menos que podemos pretender es que se haga justicia con la sobria solemnidad que requiere esta dolorosa introspección. No estamos aquí chapoteando en las páginas de un novelón de Alejandro Dumas; estamos, más bien, tratando de discernir si la justicia podrá al fin ser percibida como un valor común, capaz de dar respuesta a esas terribles convulsiones intestinas. Con esta clase de justicia en acto, tal vez podríamos llegar a rehacer, en registro aristotélico, el sedimento de la amistad cívica.

En lugar de ello, lo que hoy impera entre nosotros es el revisionismo de un Gobierno que, no contento con abrir ese cerrojo, lo aceita con una actitud que dispara conflictos por doquier. Pocos, salvo los que permanecen en silencio, o los posibles aliados, están exentos de una ira incomprensible. Periodistas, eclesiásticos, políticos sujetos a operaciones de “inteligencia”: todo ese conjunto sin duda dispar está sujeto a un escrutinio permanente acerca de sus antecedentes (reales o inventados). Parafraseando a Lucien Febvre, nuestros gobernantes se han convertido en jueces de instrucción del pasado. Con ello no se eliminan las consecuencias inesperadas: el juego entre una pretendida pureza en pugna con los impuros de antaño puede volver, al modo de un boomerang, contra quienes lo impulsaron. De hecho, ya está ocurriendo.

¿Cómo entender entonces estas vueltas sin fin en torno a ese caldero? Es difícil dar una respuesta que no tenga en cuenta la vocación por la enemistad que, cada tanto, irrumpe en el paisaje de nuestra política.

El asunto se complica todavía más porque esa dialéctica está hoy instalada sobre el suelo de la democracia. Y es evidente –al menos, ésta es la lección de la política comparada– que la democracia no funciona con la idea del enemigo interno, sino con la pareja de conceptos de adversario legítimo y de oposición leal: el adversario-opositor que, mediante un sentido bien entendido del compromiso pluralista entre partidos, puede convertirse en el amigo del mañana.

Estos hábitos no son fáciles de perfeccionar cuando el humus de la cultura política suele contrarrestarlos permanentemente. No vivimos en un régimen fascista, pero la posibilidad del “escrache” de elementos adictos al poder contra quienes son fichados como enemigos es un rasgo que está en los orígenes mismos del fascismo; tampoco vivimos en un régimen opresivo de las libertades públicas, pero las amenazas subsiguientes dirigidas contra periodistas identificados como blanco en las diatribas presidenciales augura un porvenir tormentoso al derecho constitucional de la libertad de prensa.

¿Será posible reinstalar una atmósfera de serenidad? Tan importante como la economía y el trajín diario de la gestión, la respuesta a esta pregunta es vital para todos. El presidente Kirchner encarnó en momentos difíciles para el país una autoridad de crisis, pero si insiste en acentuar la dimensión agonal de la política no podrá echar las bases de una autoridad de reconstrucción. Esta última conduce a la paz con justicia; la otra, en cambio, puede insinuar una agonía provocada por la encerrona de los extremos.

(*) Periodista del diario LA NACION

servido por Carlos sin comentarios compártelo