Siniestra equiparación: un proyecto ética y moralmente inviable

El Poder Ejecutivo en su afán de iniciar un proceso que lleve a la pacificación definitiva del país, ha hecho suyo un proyecto de Ley presentado por el diputado colorado, Daniel García Pintos, otorgándole una compensación pecuniaria a los familiares de algunas de las víctimas de lo ocurrido en la época de plomo, en que se habían perdido la libertades democráticas y el país, rápidamente, se encaminaba hacia la dictadura primero cívico militar y luego resueltamente militar. Por supuesto que el citado proyecto, además de ser incompleto porque se basa en elementos insólitamente tendenciosos, trata de resolver un problema de fondo de nuestra sociedad, quizás uno de los de mayor importancia, en base a una compensación en dinero que iguala a militares, policías y civiles muertos en acciones vinculadas al terrorismo de Estado, con víctimas del mismo.

En este país conocemos bien lo que representa el legislador colorado que presentó la iniciativa, aunque siempre es bueno refrescar la memoria por si existe todavía algún distraído o algún joven falto de información. Este diputado, con larga actuación en la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), una organización derechista que actuaba en los centros de enseñanza siempre con la complicidad, el apoyo y la cobertura de las fuerzas de “seguridad”, fue siempre coherente con sus ideas de ultra derecha, militando políticamente, luego de la dictadura, en el pachequismo, donde encontró un lugar para su acción.
Claro, no es bueno tener los ojos en la nuca y siempre reiterar los mismos antecedentes de algunos personajes. Pero en este caso, aunque sabemos que la gente evoluciona, aunque no creemos que este sea el caso, entendemos que la presentación de quién impulsara el proyecto es un punto importante, aunque debemos puntualizar que como somos demócratas y estamos en democracia y respetamos las ideas de todos, también lo hacemos en este caso.
Proyecto que a su vez fue tomado de uno elaborado por la Comisión de Homenaje Permanente a las Víctimas de la Sedición (¿?)
Como se ve una iniciativa mal parida pero que, además, plantea incongruencias de tal magnitud que la hacen moral y éticamente inviable. ¿Cómo es posible que se otorgue una compensación a los familiares del integrante del escuadrón de la muerte, Armando Acosta y Lara, muerto en un atentado realizado por el MLN, y se olvide, por ejemplo, al escribano Luis Martirena y a su esposa Ivette, asesinados a sangre fría en su casa de Malvín, el mismo día del atentado anterior por las fuerzas conjuntas, como represalia del mismo?
Recordamos a Martirena pues, más allá de sus ideas políticas, fue colega periodista, director de la agencia Prensa Latina. En Uruguay escribió para las publicaciones “Época”, “Marcha” y “Cuestión” y varios diarios clausurados vinculados históricamente con LA REPUBLICA. También para otros de Estados Unidos e Inglaterra. Por supuesto que ni él (a quién se dejó desangrar hasta la muerte) ni su esposa, a quién se le disparó en la boca, actuaron en el comando que asesinó a Acosta y Lara.
Un párrafo aparte sobre el escuadrón de la muerte o Comando Caza Tupamaros, que fue la forma violenta e ilegal que encontró la derecha enquistada en el gobierno de aquel momento para combatir la insurrección de la gente que era expresión de una creciente protesta popular que veía como imperaba la injusticia, caía el nivel de vida y reiteradamente se perdían los libertades democráticas. Claro, contando con la ayuda logística y económica de los EEUU.
El proyecto el presentado, además, trata de igualar las acciones en el campo popular con el terrorismo de Estado, como si fueran elementos comparables o asimilables y en el listado, por supuesto, olvida a todas las víctimas del escuadrón de la muerte. A saber:
• Abel Ayala, 28 años, estudiante de medicina y agente de segunda del Servicio de Sanidad Policial, secuestrado y desaparecido el 17 de julio de 1971.
• Heber Nieto, estudiante, militante de la Resistencia Obrero Estudiantil, asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador armado con un rifle de mira telescópica mientras participaba en una movilización de la Escuela de la Construcción.
• Manuel Ramos Filippini, secuestrado el 31 de julio de 1971. Su cadáver es encontrado entre las rocas de Pocitos junto a volantes firmados por el Comando Caza Tupamaros (CCT).
• Héctor Castagnetto, estudiante, secuestrado el 17 de agosto de 1971.
• El 28 de febrero de 1972 un comunicado oficial informa que “a la altura del Camino de las Tropas y camino Melilla es encontrado muerto presentando varias heridas de bala el sedicioso Íbero Gutiérrez González. Junto al cadáver la Policía encuentra un papel manuscrito con la inscripción ‘Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente. CCT’”.

servido por Carlos 2 comentarios compártelo