Siguen las excavaciones: necesaria investigación que ordenará el Poder Ejecutivo

El presidente, Tabaré Vázquez, anunció ayer que dará la orden para que se reinicien los trabajos en dependencias militares, buscando los restos de detenidos desaparecidos, que fueran asesinados y enterrados en lugares todavía a determinar. Esta decisión presidencial en base a la cual se ordenará que se permita al grupo de los antropólogos que ya actuaron anteriormente, a retomar las excavaciones, está basada en la informaciones conocidas en las últimas horas sobre Elena Quinteros, uno de los casos más emblemáticos, en que esta maestra fue secuestrada en el año 1976 por integrantes de las fuerzas conjuntas de los jardines de la embajada de Venezuela, a lo que se suma los datos también trascendidos sobre otros traslados de prisioneros políticos desde la Argentina, los que mayoritariamente habrían sido asesinados en el Uruguay.

Es qué, como decíamos en trabajos anteriores, uno tras otro, siguen cayendo los velos que encubrieron por tantas décadas la verdad a la que se está llegando hoy, creemos, a pasos agigantados, a un ritmo desconocido anteriormente.
La Justicia, por su lado, se ha puesto las pilas, y actúa con una celeridad desusada en el pasado, donde se tienen a superar rémoras lamentables como el archivo del expediente del asesinato de la nuera del poeta argentino, Juan Gelman, un acto insólito que posiblemente tenga hasta una condena internacional que pronunciaría la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Presumiblemente condene la enormidad concretada en su oportunidad, decretando en los hechos la impunidad de los autores de un crimen aberrante, que eriza la piel y que los propios militares que estuvieron envueltos en la represión dictatorial, califican de “ilegítimo”. Crimen alejado de toda la “lógica de la guerra”, que ellos siguen reivindicando, fuera de contexto histórico, para justificar las enormes aberraciones cometidas.
La decisión del Poder Ejecutivo de ordenar el reinicio de las excavaciones es una consecuencia lógica del trabajo consecuente y esforzado de investigación que se ha realizado, en base al cual paso a paso se acelera el camino hacia la verdad, que no quiere decir – pasados tantos años – que pueda finalmente resplandecer la justicia, por lo intrincado del contexto institucional en que estuvo sumergido el país durante las épocas de plomo.
Pero lo que surge con claridad es la responsabilidad manifiesta de las Fuerzas Armadas, que no solo actuaron en contra de la Constitución de la República, que habían jurado defender, acompañando al presidente, Juan María Bordaberry, en su golpe de Estado. Sino, que, en sucesivos actos de soberbia, fueron aumentando la cuota de poder, colocando a sus propios hombres en los cargos más relevantes, hasta llegar al desiderátum de la locura tiránica, que fue la de investir al líder motinero, fiel defensor e impulsor de la Doctrina de la Seguridad Nacional, al general, Gregorio Alvarez, como Presidente de la República.
Han pasado muchos años de los crímenes, de los asesinatos, de las torturas sistemáticas y masivas, de los campos clandestinos de detención, de la Operación Cóndor, pero por más que se haya intentado borrar todos los hilos conductores hacia la verdad, han quedado huellas, algunas indelebles, imborrables, que nunca desaparecerán.
Pero además está la memoria que se mantiene, pasando de generación en generación, que sirve para que hijos, nietos y todavía algunas de las víctimas de lo ocurrido, estén en condiciones de seguir reclamando justicia.
Un valor supremo, necesario, para una sociedad que debe consolidar una democracia próspera y pujante, en paz.

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