Sobre hijos y entenados: nuestra esperanza en la reforma del Estado

La destitución de su cargo del gerente general de ANCAP, como uno de los coletazos más espectaculares de la crisis del supergás, acusado de ser el vértice de la imprevisión que dejó a la población, agobiada por los rigores del frío, sin el fundamental combustible, sirve para que nos adentremos en otra problemática que muestra la situación de privilegio que viven los funcionarios y jerarcas de las empresas públicas.

El gerente general del ente de las combustibles fue destituido por una decisión del directorio de ANCAP, “aconsejada” por el propio Presidente de la República en acuerdo con el ministro de Industrias y Energía, Jorge Lepra, destrabándose así una situación difícil que requería que se llamara a responsabilidades. Sin embargo, ¿qué destino es el de este jerarca destituido del principal cargo ejecutivo de ANCAP?
En lo funcional, seguramente le habrán sido modificadas las atribuciones y ya no podrá decidir sobre las políticas del ente petrolero, pero según anuncios del propio presidente del Ente, pasó a desempeñarse como “asesor”. Suponemos que no más en temas vinculados a la provisión de superas, pero asesor al fin, y, por supuesto, manteniendo todas las demás prerrogativas de su cargo público: el sueldo, las compensaciones, el presentismo, los premios y sueldos compensatorios, etc. El señor Sergio Lattanzio, por ser jerarca de un ente público no vive en carne propia el destino de todos los ejecutivos del mundo privado y de las empresas públicas de otros países, que cuando abandonan su cargo, deben ofrecer sus capacidades o fuerza de trabajo en otro lado.
Por supuesto que el motivo de estas líneas no es plantear una flagelación pública del ex gerente general de ANCAP, pero si mostrar algunas de las facetas que le dan a las empresas públicas uruguayas el carácter de ser verdaderos mastodontes que funcionan a contramano de la necesaria lógica económica y, por supuesto, fuera de los cánones empresariales modernos.
Por eso que nos preguntamos: ¿Es posible que los uruguayos sigamos viviendo en la mediocridad de principios discutibles, como la necesidad de mantener los llamados “monopolios naturales”, que son las empresas públicas, a costa de nuestros bolsillos, sin que las mismas nos brinden servicios ni adecuados ni baratos?
¿En lo puntual, nos hemos dado cuenta, que la rebaja de los productos de primera necesidad que se podrían verificar en los próximos días como consecuencia de las rebajas del IVA y la desaparición del COFIS, puede ser contrarrestada por un importante aumento de los combustibles que los uruguayos debemos absorber sin anestesia?
¿Cómo es posible que no existe, por el bien de la economía y el bienestar de la población, mecanismos de regulación impositivos que amortigue la incidencia del aumento del precio del barril de petróleo, como ocurre en todos los países que dependen de las importaciones? Aquí sube el precio del petróleo, aumentan los combustibles y paralelamente los uruguayos pagamos una mayor proporción de impuestos por cada litro que consumimos. En definitiva, los únicos que pierden en la ecuación, son los usuarios.
Son todos temas para reflexionar en profundidad, para analizar con detenimiento en el marco del proyecto de la reforma del Estado que está estudiando la OPP, que debe ser una Ley de Leyes, que cierre las puertas a privilegios largamente amasados y conviertan a estas empresas y modernas y ágiles productoras de servicios baratos y de alta tecnología, para un país que cada día los requiere con mayor avidez.

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