Uruguay inicia una nueva etapa de su gobierno popular

Cómo vencer varias iniquidades

El gobierno de Tabaré Vázquez, en el marco de un proceso de crecimiento del país, modificó su gabinete ministerial con el fin de transitar sus dos últimos años de gestión, tratando de que “sangre nueva” de generaciones más jóvenes que desde ahora tienen tareas ejecutivas de primer orden en la cúpula del gobierno, sea un impulso extra que determine que los caminos que se recorran sean exitosos.

Sin embargo la tarea no será nada fácil porque en el mundo globalizado se despunta una crisis que no sabemos la profundidad que tendrá, pero que en primera instancia – es obvio razonarlo – distorsionará mercados, cambiará flujos comerciales y reducirá apetencias empresariales de los países centrales que verán como sus relaciones de intercambio se verán afectadas. Uruguay es productor de “comodities” y quizás ello sea una especie de reaseguro contra los coletazos de la crisis, pero no sabemos que pasará con los colosos del mundo, como China, que obviamente, puede ver menguado su mercado en occidente y por lo tanto, es muy posible, que deba enlentecer la pujanza de su crecimiento, que junto a la de India han movilizado a los productores de materias primas de esta zona del mundo.
El gobierno progresista bate palmas por logros alcanzados en sus primeros tres años de gestión, en que se superaron, por ejemplo, algunos males que parecieron endémicos, como el de la desocupación. Hoy el propio Vázquez se enorgullece de cifras de empleo que hace décadas no se registraban en el país, sin dejar de reconocer que muchos de los “trabajos” que hoy existen producto del crecimiento y la evidente bonanza económica, no son más que de tipo “precario” o “basura”, con contraprestaciones para los nuevos asalariados que distan mucho de la media nacional y ni hablar de llegar a acercarse, como sería un objetivo plausible, al nivel de la canasta básica de alimentos.
¡Claro!, ello no ocurre tampoco con lo que ganan asalariados en labores más formales que tampoco se acercan, ni rozan, ese nivel de “la canasta” que para muchos parece inalcanzable. Tengamos en cuenta que los docentes de enseñanza primaria tienen en su actual reivindicación como objetivo llegar a un estipendio inicial de la mitad de ese nivel.
Plantear este tema – más allá de reconocer la mejoría en la macroeconomía del país que, obviamente, está en la base de la caída de los índices de desocupación – parece necesario cuando el gobierno, en los dos últimos dos años antes de las nuevas elecciones, debería plantearse como objetivo central terminar con los bolsones endémicos de iniquidad que existen en el país donde, cada vez que se deja la superficie de la realidad, rascándose un poco sobre ella, aparecen temas que a los ojos de cualquier observador externo parecen insólitos.
Ni hablar de la situación que se verifica hacia dentro de Estado mismo, en que nunca sucesivos gobiernos han logrado reformar absolutamente nada en materia de iniquidades, viéndose como la distorsión salarial es atroz, producto de políticas clientelísticas a la que se sumaron, en las últimas décadas, las acciones corporativas que han ido separando cada vez más los niveles salariales de los empleados de las empresas públicas, con bastante autonomía para retribuir los recursos que cada una de ellas logra por la comercialización de sus productos que, como tienen un funcionamiento monopólico, logran trasladar a las tarifas que pagamos todos, de los funcionarios directamente dependientes del gobierno (administración central), que juegan su destino a lo que se estampa en los presupuestos nacionales y rendiciones de cuentas, como docentes, policías, militares, etc.
Ese funcionamiento inequitativo del estado hacia sus funcionarios se continúa también, claro está, cuando estos se jubilan en base a una legislación llena de vericuetos, tan laberíntica, que en algunos casos la situación de quienes pasan a la pasividad se convierte en un verdadero calvario plagado de carencias.
De entrada nomás la pasividad se reduce a un porcentaje del promedio de los últimos 20 años aportados o a los “mejores” 10 años de ese período. Además todo está limitado por los topes. Si un activo tiene un ingreso de 50 mil pesos mensuales durante los últimos meses, suponiendo que haya tenido ingresos adecuados durante los últimos 20, completando los 35 de trabajo y los 60 de edad, logrará una prestación que le dividirá promedialmente por dos el ingreso de los últimos meses, siempre y cuando la cifra no supere el tope, porque si lo hace, se la bajará hasta igualarlo. Y por supuesto perderá los dos medios aguinaldos. Ese nuevo jubilado, además, por un año calendario no recibirá ninguna actualización de su jubilación, por lo cual seguramente en ese tiempo se alejará del tope famoso y comenzará a ver menguados sus recursos paulatinamente.
Y esto en la caja de jubilaciones mayor que está, sin duda, excelentemente administrada pero que todavía no ha podido superar una serie de iniquidades que su presidente, Ernesto Murro, bien conoce, algunas de ellas producto de medidas heredadas desde le época dictatorial y otras, claramente, que son consecuencia de una ecuación económico-demográfica que cuestiona el buen funcionamiento de la seguridad social en el Uruguay pese a que la buena gestión y la mejor situación económica del país a multiplicado el número de aportantes al BPS.
Pero eso no es todo, porque se abren otros rumbos de iniquidades que hacen a los uruguayos distintos, por la existencia de otras cajas, con otros criterios y privilegios.
Por ejemplo el régimen de topes no rige para los militares que cuando se “retiran” cobran el 100% de lo que venían recibiendo. Y ello no ocurre porque la institución que los alberga mantenga una situación floreciente ya que esta debe ser financiada mes a mes con prácticamente el porcentaje mayoritario del capital que le permita enfrentar sus compromisos. ¿Por qué siempre se anunció y nunca se intentó efectivamente una reforma de la misma? No lo sabemos. Claro que las reformas que se aplicaron en el pasado solo sirvieron para empobrecer a los pasivos, haciendo más difícil llegar a los años requeridos o creando los topes en la caja de industria y comercio. Por ello hay que ser muy cuidadosos en llegar a “arreglos” que provoquen desarreglos mayúsculos y determinen, a la corta o a la larga, caídas en la calidad de vida de la gente, sean estos militares o civiles.
Tenemos también el tema de las cajas para estatales, como la bancaria, en una crisis terminal, que reclama soluciones al gobierno sin cuyo oxigeno se vería ante la atroz disyuntiva de “bajar la cortina” Una caja con jubilaciones, dentro del marco de la seguridad social, “privilegiadas” frente a los que han elegido otras profesiones, los que fueron el reflejo de un período de holganza del sistema financiero que hoy, luego de la crisis del 2002, con el cierre de bancos y las “racionalizaciones” de otros se hacen muy difíciles de mantener, pese a que las prestaciones han sido recortadas en porcentajes importantes. Allí la relación activo-pasivo se volvió insoportablemente negativa y las instituciones financieras no están dispuestas a poner un peso más en la seguridad social de sus ex empleados. Entonces queda el estado benefactor, el gran “padre” de los uruguayos, que de alguna manera tendrá que “asistir” a esta caja para hacerla regresar a la situación anterior ¿a la situación anterior?
Y podríamos seguir con aspectos que afectan a la calidad de vida de los uruguayos. Veamos lo que ocurre con las deudas con el BHU, en que las familias buenas pagadoras, luego de “religiosamente” hacer frente a sus obligaciones por años y años, se encuentran con la información que luego de esa disciplina de 15 o 20 años, deben a la institución más de lo que es el valor comercial de la vivienda que habitan. ¿Quién ideó ese siniestro sistema para que nadie pueda escapar de las “garras” de esa institución que gestión tras gestión – pese a ese nivel de iniquidad – siempre se ha fundido y técnicamente en muchas ocasiones se encontró en estado de quiebra?
¿Lo adecuado para un banco no es calcular el monto de préstamo, más los intereses y los eventuales gastos en el plazo determinado, para que el cliente sepa lo que debe pagar?
El Uruguay es un país que tiene signos alentadores y Vázquez está satisfecho con lo realizado en estos últimos tres años y tiene confianza en que podrá concretar nuevos logros en los próximos dos.
Será una tarea ardua, porque las distorsiones en el país son tantas y difíciles de modificar, que el esfuerzo deberá ser mayúsculo.
Por ello es necesario que todos, absolutamente todos, pongamos el hombro.