No nos frustremos otra vez con esfuerzos inútiles

Objetivamente, midamos las fuerzas del campo popular

La situación de los derechos humanos en nuestro país, con la negativa de los militares a ofrecer nuevas pistas o confesarse de las atrocidades cometidas en nombre de los símbolos patrios, mantienen todavía las heridas abiertas en muchos uruguayos que, los nuevos hechos, podrán o no restañarlas. Pero la situación está objetivamente paralizada. Tampoco han tenido el éxito esperado por muchos de que las excavaciones en busca de restos tuvieran resultados de algún tipo que sirvieran para probar, por lo menos, el fracaso de la famosa “Operación Zanahoria” y determinara la apertura de nuevos caminos a las investigaciones.

Debemos ser claros desde un principio, porque parece como una posibilidad más que cierta que pese al apoyo del Frente Amplio a la derogación de la Ley de Caducidad a la Pretensión Punitiva del Estado (o Ley de impunidad o), se da un paso adelante que puede llevar al logro del objetivo buscado, pero también si el fin del proceso comenzado se convierte en negativo, a otra frustración de las fuerzas populares, que se podrían ver marginadas – aunque esto le parezca una perogrullada derrotista a muchos orgullosos triunfalistas defensores de los derechos humanos – ¿no se estaría hiriendo de mala manera al propio Frente Amplio que, como objetivo central, tiene que acumular fuerzas para mantener a la izquierda en el poder?
Una situación planteada y de estas características, ¿abriría una situación difícil en este año pre electoral y cuando, estamos a pocos meses de ingresar de lleno a la campaña política abierta, se convertiría en otro escollo para el propio Frente Amplio que debe abocarse a ganar voluntades? Porque los votos están si se trabaja correctamente por ellos, pero si se dispersan fuerzas y, además, si se malgastan esfuerzos en objetivos frustrantes, ¿no se estará conspirando en contra del éxito electoral de la izquierda en su conjunto?
Sabemos que algunos dirán que nuestro análisis expresa una posición derrotista y que es necesaria la derogación de la Ley de impunidad, porque se debe castigar con todo el peso de la Justicia a quienes, en la clandestinidad de las mazmorras de los cuarteles, cometieron actos inenarrables contra uruguayos y uruguayas, mataron, torturaron, mutilaron en nombre de una Patria que, evidentemente, no era la de Artigas.
Sin embargo hay juristas de la talla de José Korzeniak que sostienen que la derogación o anulación de la referida norma, que en su total extensión recién se aplica desde que el gobierno progresista ocupa el poder (nos referimos especialmente al artículo 4to.), no tendrá efecto alguno, porque además se deberán sortear aspectos legales vinculados a la larga vigencia de la norma que han determinado que hayan “derechos adquiridos”. Además nos preguntamos si los jueces estarán en condiciones formales de procesar a los victimarios que quedan, en base a testimonios, cuando en las actuales condiciones, luego de haber pasado tanto tiempo, las “pruebas formales”, por razones obvias, no deben existir en casi ningún caso.
El gobierno frenteamplista ha actuado bien en el tema de los derechos humanos, probando a los máximos responsables de la sevicia sus fechorías, por lo que han sido procesados, luego de un juicio con todas las garantías del debido proceso, quienes están hoy entre rejas que son nada menos quienes encabezaron la represión. Está por demás decir que el presidente Tabaré Vázquez tampoco llevó adelante políticas de punto final y hasta hace pocas semanas, como sabemos, los antropólogos seguían excavando los cuarteles y todas las zonas potencialmente sospechosas buscando restos de desaparecidos. Y lo seguirán haciendo si existen nuevos datos que deberían surgir de los propios militares, a quienes se liberó por un decreto presidencial, del secreto profesional establecido en el estatuto de las fuerzas, en el que algunos de ellos se habían escudado para justificar su silencio.
Las víctimas de la violencia de la derecha, que luego del golpe militar fue paradigmática en su sanguinaria violencia y salvajismo, con hechos de una gravedad que cuesta narrar y que rompen con todos los valores que deberían manejar en la convivencia las personas, gracias a “complicidades” de los distintos gobiernos blancos y colorados que, ni siquiera, aplicaron en todo su alcance la Ley de impunidad.
Cada una de nuestras familias, o nosotros mismos, podemos tener un pasado vinculado a la tortura, las golpizas, la cárcel, o la muerte, solo por pensar de manera diferente a la dictadura. Miles de uruguayos vivieron largos años de cárcel o exilio, una pena impuesta, tan dañina como la cárcel misma, distorsionante de la vida familiar y destructiva de los lazos humanos de todo tipo.
Claro, pero tanto dentro como fuera del país, se resistió a los dictadores y, en definitiva se los venció en toda la línea. Cuando en 1985 asumió Julio María Sanguinetti la presidencia de la República, luego de que los golpistas arriaran sus banderas vencidos por un pueblo indoblegable, comenzó la etapa de la reconstrucción democrática. Un difícil camino, lleno de claros y oscuros, de debilidades del propio gobierno que en conjunto con preclaros dirigentes de la oposición, aceptó la imposición de los militares en retirada de que se votara la Ley de Impunidad. Una lucha que tuvo como ingrediente, afectando a los sectores medios de la población, al terror de que volvieran los uniformados a encaramarse en el poder. Entonces dicha norma fue ratificada por la mayoría del pueblo en un plebiscito que derrumbó las esperanzas de los mayores afectados por la represión de que, en definitiva, se comenzara a “hacer justicia”.
Allí el gobierno de Sanguinetti mostró su extirpe reaccionaria, determinado negativamente todos los casos presentados, trámite ante el Poder Ejecutivo que ordena la propia ley, y que recién comenzó a cumplirse en cabalidad plena para permitir actuar a la justicia bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.
La justicia uruguaya por fin ha podido actuar en base a las pruebas aportadas procesando a los principales cabecillas de las trasgresiones, entre ellos al dictador, el general Gregorio Álvarez, sin duda responsable intelectual por su cargo al frente del golpismo y de los golpistas de la mayoría de los hechos ocurridos en el país.
Claro, es muy complejo probarle al envejecido y trasnochado golpista su participación directa en la mayoría de los hechos. Pero él debe conocer muy a fondo algunos temas fundamentales que algún día tendrán que saltar a la luz y hacerse verdad, como por ejemplo cuales son los contactos que mantuvo el Ejército en particular y las Fuerzas Armadas en general con organismos como la CIA norteamericana que, claramente, también estuvo apoyando las andanzas de los golpistas. ¡Qué nadie se llame a engaño sobre lo que hablamos! Puede ser que Álvarez no tenga ni idea quienes son muchas de los militantes o sin serlo, desaparecieron ni donde están sus cadáveres. Pero, seguramente, bien sabe y, lo está guardando en el fondo de sus recuerdos, quienes fueron los que armaron el golpe contra las instituciones, sumando al Uruguay como otro partiquino en la llamada “guerra fría”
También debe recordar su visto bueno a las andanzas en el Uruguay del asesino argentino, Aníbal Gordon, que llegó acompañado de algunos de sus brutales sicarios, cuando este personaje debió escapar de su país, ya que por error o crueldad excesiva, terminó descuartizando a una familiar del también represor, general Suarez Masson, un hombre con poder suficiente como para pagarle con “la misma moneda”
Hay versiones no desmentidas de que Gordon fue uno de los integrantes del comando paramilitar que secuestró del Hotel Liberty, de Buenos Aires, a Zelmar Michelini y que él y sus sicarios, ante la “reticencia” de apretar el gatillo de parte de los militares uruguayos participantes, fueron los que dieron muerte a los políticos uruguayos.
Estas versiones pueden tener elementos ciertos, otros falsos. Pero, ¿por qué no se lo interroga a Álvarez sobre estos hechos cuyo conocimiento son de una necesidad fundamental para todos los uruguayos bien nacidos?
Para nada de esto es necesario que se derogue o anule la Ley de Caducidad, pues este general está encarcelado y mantiene un silencio medroso, como todos los demás militares que se encuentran en la misma situación, apoyando su actitud en una enfermiza visión del pasado y una total falta de respeto por sus compatriotas. Porque sus víctimas, a las que colgaban, o “picaneaban”, eran mayoritariamente nacidas en esta tierra.
Y todos los que están encarcelados, lo están, por la aplicación correcta de la que establece esa norma que ahora de nuevo se quiere colocar en el centro de la discusión para derogarla.
Por favor, no frustremos con un fracaso un esfuerzo tan importante, ya que tenemos otra tarea ciclópea: la mantener a la izquierda en el poder.
De lo contrario todo será inútil.

servido por Carlos sin comentarios compártelo