Por las quebradizas ramas estatales…

Sobre algunos temas polémicos

El tema impositivo es más que complejo para un país macro estatal como Uruguay, en que el Estado no solo controla y maneja los elementos estratégicos fundamentales e inherentes a su existencia, como la justicia, la seguridad pública y la defensa nacional sino que hasta se inmiscuye en la producción de bienes y servicios, con una suma de funciones que determina una insaciable voracidad fiscal. El Estado administra comunicaciones y telefonía , refina petróleo, distribuye y comercializa los combustibles, produce energía y la comercializa de manera monopólica, administra los juegos de azar en casinos, los comedores públicos para los desamparados, la destilación de whisky y otras bebidas, la elaboración de azúcar, posiblemente, de combustibles alternativos, el agua potable y su distribución, la administración de bancos, como el Hipotecario, que es una de las instituciones financieras que ha determinado la pérdida más cuantiosa de las instituciones que se han fundido en América Latina, pero con un detalle que la diferencia de las demás; que el Estado uruguayo, en su desmedido paternalismo, la sigue sosteniendo. Y muchas etcéteras más.

En general en el mundo desarrollado, que para serlo ha debido modernizarse, el Estado ha pasado a cumplir con su papel de manejo de actividades esenciales - siendo el ejemplo de Nueva Zelandia aleccionador, ya que allí se mantiene en poder estatal solo las variables esenciales, que le permiten mantener un necesario equilibrio entre los actores privados y las fuerzas sociales, resolviendo los conflictos de intereses, creando las base de un permanente dinamismo que lleve al conjunto a multiplicar su actividad con el fin de que la sociedad crezca a través de la acumulación y la distribución ingreso, con un criterio de equidad.
Una de las variables que siempre se tienen en cuenta, por supuesto, es la vinculada a la competitividad que se trata de sostener en todas las circunstancias, pese a los vaivenes que se producen en el mundo y las crisis sucesivas del capitalismo (la que se está observando hoy en su ciclo expansivo es otro ejemplo), por lo cual, en lo interno, se deben brindar garantías de sustentabilidad de las producciones y por ende del trabajo.
El tema en que queremos introducirnos hoy es complejo y está lleno de posibles toboganes por los que se puede deslizar el cronista para equivocar la justeza de su comentario. Sin embargo, el proceso que estamos viviendo por estos días como consecuencia del reacomodo mundial a las nuevas exigencias de materias primas de los mercados emergentes (China e India), que no cejan en su voracidad para mantener estándares crecientes de producción y multiplicar su actual potencial industrial, lo que determina seguir creciendo a tasas que parecen irreales, replantea una problemática que entre nosotros poca veces es abordada como creemos se debiera.
Un lector nos envía al blog para el que escribimos semanalmente en el portal de Montevideo.com.uy, una frase del artículo “La crisis de la democracia y la lección de los clásicos”, de Norberto Bobbio, en que el pensador italiano sostiene: “El ABC de la teoría del Estado, prescindiendo del cual no se logrará nunca comprender porque existe el Estado, y al no comprenderlo se fantasea acerca de una posible extinción del mismo, es la hipótesis hobbesiana, que brevemente puede enunciarse así: la necesidad del Estado nace de la convicción racional de los individuos según la cual el uso indiscriminado de las fuerzas privadas en libre competencia entre sí genera un estado autodestructivo de guerra de todos contra todos, y de la consiguiente renuncia por parte de cada uno al uso privado de la fuerza en favor del soberano que, a partir del momento en que se produce dicha renuncia, se convierte en el único titular del derecho a disponer de ella”
Es obvio decirlo pero tampoco la teoría marxista del Estado tiene nada que ver con el fenómeno atípico de Uruguay, donde el mismo, por el momento de la creación de las empresas públicas – hecho que se comprende por la coyuntura histórica en que ocurrió - en la cual no existían posibilidades de desarrollar esas incipientes actividades por la debilidad de la actividad privada, con una burguesía industrial en pañales y una producción agropecuaria extensiva, llena de altibajos y los esfuerzos de los inmigrantes por armar redes de un comercio interno que, con los años fue creciendo. El batllismo tuvo una vocación estatista, por la necesidad de una época en que el país se estaba confirmando como tal, sostenido por una población muy pequeña, incapaz de organizar mecanismos de producción tan potentes como los creados eventualmente con la incidencia del Estado, único con capacidad organizativa y capitales como para armar las empresas públicas.
Y de allí en adelante comenzó otra historia que se entroncó con la politización de importantes grupos ideológicos que, quizás, influidos por el estatismo soviético, que tuvo el destino que conocemos y el desatino de mantener situaciones “contra natura” que derivaron en la más dura y atroz represión contra el pueblo. Grupos ideológicos hipnotizados por la experiencia del mundo socialista, que todavía tiene sus adeptos que vinculan el mantener en propiedad del Estado a cientos de actividades como si en la tenencia del bien se jugara la soberanía del país, que es una forma indirecta de despreciar el papel rector de los gobiernos que son los que deben preservarla. Que ANTEL mantenga el monopolio de la telefonía básica no significa que ese funcionamiento sea el más conveniente para la gente, que los costos sean menores. ¡Para nada!
A los más radicalizados defensores del papel del Estado paternalista, lo que parece importarles es la propiedad estatal, como si este hecho determinara algo, aunque en el caso concreto que manejamos, bueno sería que esa fuera una actividad reglada y en competencia, en la cual distintos operadores ofrecieran mejores y más modernos servicios, a precios más baratos. Es bueno decir que la experiencia de la telefonía celular, con avances espectaculares, es la contracara de la monopólica actividad anterior, con un progreso incesante avance, que está al día con los mayores adelantos que se dan en todo el mundo. Sin embargo en materia de telefonía básica, no logramos ni siquiera lo que existe hace años en diversos países, que es aprovechar las conexiones vía cable para compartirlas con las señales de TV y por supuesto, en forma abierta, para la trasmisión de datos.
Por supuesto que hay mucha gente que tiene las cosas claras, que ve cuales son los caminos del progreso y las causas de la mediocridad uruguaya que, pese al crecimiento económico importante que está registrando hace cinco años, no puede superar las enormes lamparones de pobreza y los altos niveles de marginalidad que, pese a los esfuerzos del gobierno a través del MIDES, no ha podido comenzar a torcer el basamento cultural que determina esa consolidación que parecería inamovible en las actuales circunstancias.
Algunos gobernantes visitaron Nueva Zelandia y volvieron impactados por aquella realidad, la de un país con muchas similitudes a Uruguay, que tiene un Estado pequeño, que cumple sus tareas esenciales dejando a la actividad privada el resto. Sería impensable para un neozelandés que un municipio de ese país manejara casinos, como ocurre aquí y que todavía los mismos sean una “mina de oro” o “una cueva de Alí Babá” para un grupo de malvivientes que se cebaron en la liviandad de los controles, para medrar en su provecho.
La delincuencia no es patrimonio de nadie. Pero sería impensable, volviendo al ejemplo neozelandés, que en la Aduana de aquel país se armara un grupo delictivo y que se pidieran “propinas” a los viajeros para que su “equipaje ingresara sin problemas” Claro, esa no es una responsabilidad del Estado, sino más bien del gobierno y de los funcionarios designados para manejar los distintos servicios que deben, en este caso, rendir cuentas.
Esa macro cefalía estatal que vivimos los uruguayos lleva a temas que, en definitiva, conspiran contra el nivel de vida. Es comprensible entender que no es fácil para los uruguayos seguir conviviendo con un IVA del 22 % para el grueso de los productos, aunque el que se aplica a la canasta de alimentos, se reduzca a la mitad.
Toda esta problemática que hoy modestamente abordamos, ofrece visiones encontradas y muchos puntos resbaladizos y, nos parece, que debería estar en el centro de la atención de todos. Es razonable pensar que el desarrollo del país, de su industria, de su comercio, de la investigación científica y tecnológica, esté cuestionado por un Estado que requiere para su funcionamiento recursos cuantiosos y que se expresa en una enorme voracidad impositiva. Un Estado que necesariamente debe modernizarse, reduciendo sus actividades y multiplicando su incidencia e influencia en las políticas de orientación general.
En eso no solo jugamos nuestro futuro, sino el mantenimiento de nuestra soberanía.

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