Sobre corrupción en una sociedad "enferma"

Habría que definir que es corrupción con claridad, sin miedo a todos y todo lo que caería dentro de ese calificativo, para comenzar a analizar a fondo uno de los males que nos está afectando como sociedad.

Ese “monstruo” lleno de tentáculos, que como las raíces de algunas enredaderas se va metiendo en todos los vericuetos y se ha ido consolidando en todo el andamiaje nacional provocando dificultades de todo tipo a los uruguayos de las más diversas actividades, creando trabas indebidas en tramitaciones o, muchas veces – en otros expresiones del mal – provocando ganancias para algunos y el empobrecimiento de los más.

Y lo peor de todo es que muchos no tenemos conciencia clara de que estamos soportando una situación distorsionante que, obviamente, es el engendro de muchos de nuestros males.

La corrupción consiste en el acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político. La corrupción se extiende también al uso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.

Esas son las definiciones más comunes, pero hay otras alternativas: por ejemplo “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y/o privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados en ámbitos de poder, acuerdos tomados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común".

¿A qué queremos llegar? Simplemente a decir que en nuestro país, tan distorsionado desde el punto de vista de la administración estatal, no solo son corruptos los “coimeros” que en los puestos de frontera cobran por “hacer la vista gorda” a mercaderías de dudosa procedencia por la que, generalmente, no se ha pagado lo requerido por la tramitación de importación o exportación correspondiente, ni tampoco el contador Bengoa y sus socios, quienes están a “buen recaudo” purgando sus desaguisados en Casinos tras las rejas de una cárcel. Hay muchos más corruptos en el país, porque evidentemente sus acciones no comulgan con el bien común, sino que actúan desde el Estado, a favor del interés privado, sea este tanto empresarial como de otras categorías, hasta las políticas. Y muchos de los que actúan sin siquiera tener conciencia de ello.

Cuando una entidad corporativa logra, en base a presiones de todo tipo, conociendo las debilidades de políticos venales que para conservar su lugar en el gobierno apoyan beneficios que van mucho más allá de la lógica, entendemos que también se está cometiendo un acto intrínsecamente corrupto. Cuándo se sostenía que los directores de un banco circunstancialmente perteneciente al Estado debían ganar sueldos de ópera, por su calificación, olvidando que en otros sectores del país había muchas personas quizás con tanta o más calificación que los antedichos, sin sostener para ellos una similar política: ¿no se estaba cayendo también en una práctica de ese tipo?

Cuando se diseñaban políticas de interconexión eléctrica, colocando al país en una situación de dependencia y luego de sostienen que las necesarias fuentes de energía que se tienen que necesariamente construir deben ser de “producción segura”, ¿no es lo mismo?

¿Cuando se plantean políticas “cliente listicas” de cambiar ayudas económicas por votos, no se está planteando una práctica también corrupta?

La políticas salariales de los gobiernos que son el resultado de las presiones de las corporaciones, realizadas por décadas, que han ido desvirtuando todo el contenido de un axioma que debería existir en toda administración del Estado, que es “a igual función similar paga”, no es una práctica que también puede tener esa calificación lamentable.

Porque para ser corrupto no es necesario solo ser delincuente, con acciones tipificadas en el código penal y trabajar en la administración pública, sino que existe un degradé de circunstancias y situaciones de corte parecido que van mostrando una sociedad que en sus valores éticos se encuentra muy mal, que funciona sin darse cuenta, en un pantano de intrínseca inmoralidad (tomada ésta desde el punto de vista de los valores de austeridad, democracia, libertad e igualdad de oportunidades que siempre expuso la izquierda) Una sociedad, además que, con claridad, no camina hacia una revisión consciente de esa situación que está en la base misma de nuestro drama nacional.

Cuando tenemos este sustrato ético, como no comprender porque nos encontramos con una sociedad cerrada, que no le da oportunidades de desarrollo a los jóvenes que se siguen yendo, pese a las trabas que aumentan a nivel de “cerrojo” en el primer mundo. Y, ¿cómo se quiere solucionar ese proceso que desangra al país?

Utilizando el arbitrio insólito, incalificable, de poner trabas infranqueables a los universitarios que se reciban si tener en cuenta las causas profundas del proceso de sangría. O sea, cerrar fronteras, coartar libertades y cercenar derechos, como si los profesionales que se van lo hagan porque quieren y no obligados, para buscar condiciones laborales que aquí se les niegan sistemáticamente. ¿O no tenemos conciencia de ello?

Claro: quienes lograron un lugar dentro del “stableman” estatal, tienen prerrogativas dadas por las políticas cliente listicas, paralizan todo y reclaman más y más. Porque los “privilegios” creen que se deben mantener a toda costa, cueste lo que cueste al resto de los uruguayos. El ejemplo de la caja bancaria, donde siempre se ha tenido un régimen de incomparables privilegios si lo comparamos con las prestaciones a las que los demás jubilados del país están sometidos. Que se entienda bien lo que decimos: no que los jubilados bancarios cobran indebidamente sumas absurdas, sino que han logrado sortear por las presiones de su organización corporativa las trabas que los gobiernos le han colocado a los demás jubilados.

Claro, el deterioro de la actividad se produjo y ahora el reclamo es que seamos “todos” los que paguemos los “platos rotos”

Ese, obviamente, ese es otro ejemplo “del mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”

(Columna publicada en el portal de Montevideo.com.uy el lunes 14 de julio)

servido por Carlos 3 comentarios compártelo