Sobre una posición de Rodrigo Arocena: ¡Caramba!, estamos en el siglo XXI

Por Carlos Santiago (*)

El rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, atenazado por una perimida visión de la enseñanza terciaria quiebra de nuevo una lanza a favor de la supuesta gratuidad de la Universidad de la República, saliendo a responder a las afirmaciones del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que en el excelente reportaje emitido por VTV, en el programa que conduce el periodista Gabriel Pereira, se definió por una modernización de los estudios, democratizándolos, para lo que se hace necesario – dijo - crear un sistema de aranceles en que algunos estudiantes deberán pagar por sus estudios y otros, como contrapartida social del mismo problema, recibir becas que los ayuden en su carrera.

Claro, el rector no se opone con todas las letras ni con vehemencia al planteo de Vázquez, sino que plantea “un debate sereno y a fondo sobre el tema” “Los partidos políticos – dice – deben pronunciarse al respecto”
Podríamos citar en esta nota ejemplos que muestras que nuestra Universidad de la República, por más que sea gratuita, es profundamente injusta en su concepción, además de clasista. Tema que es muy fácil de probar porque cada vez son menos los estudiantes provenientes de las clases populares que pueden realizar estudios terciarios, no pudiendo finalizar muchos de ellos siquiera la enseñanza primaria. Hay que ver las dificultades que tiene el Ministerio del Interior para integrar en sus cuadros a jóvenes con segundo año de secundaria aprobado.
Sin embargo Arocena, en el planteo de siempre de las autoridades universitarias, reitera los mismos argumentos propios de otra realidad del país, consolidados en una visión sesentista de la enseñanza que ha logrado que nuestra Universidad sea uno de los centros burocráticos más anquilosados, menos progresistas, que existen en el país. ¿Es necesario que demostremos con ejemplos concretos reseñando ”manejos”, “acomodos”, concursos “amañados”, contando de la incidencia que han tenido las “camarillas” de poder, etc., que determinan que en la casa de estudios funcione en una ficción de democratismo y que, en definitiva, solo ha servido para que el conjunto se quedara en el pasado sin siquiera poder competir con las demás universidades del MERCOSUR?
¿Qué plantea Arocena? Lo de siempre, que sea la sociedad en su conjunto la que pague millones y millones de dólares para mantener esta organización por más que sea discutible eficiencia que ya, en muchas carreras, desde el punto de vista académico y práctico, no puede tampoco competir con las similares que se dan en las Universidades privadas, esas sí, armadas en términos generales para el lucro de los empresarios que las manejan, con algunas honrosas excepciones a resaltar en otra nota.
Plantea que sean los trabajadores, de los que se extrae ya una enorme tajada para el voraz Estado, quienes paguen por los estudios de todos y la Universidad siga adelante, deglutiendo millones de dólares, de los que raramente rinde cuentas pormenorizadas amparada en la dichosa “autonomía”, logrando los resultados que muchos conocemos: una casa de estudios de deficiente nivel, plagada de trasgresiones de funcionamiento, con una pesadez burocrática que abruma y que, por supuesto, la hace más onerosa.
Lo sorprendente es que Arocena en su blog, escrito seguramente al calor de las declaraciones de Vázquez, toma como ejemplo la enseñanza que se imparte en Corea del Sur, Finlandia, Irlanda o Nueva Zelanda, países donde la organización de las casas de estudios dista mucho de ser la uruguaya, donde convive un mecanismo arancelario con otro de becas, estableciendo en los dos casos exigencias académicas muy altas, para que el esfuerzo que haga la sociedad no se malgaste en deficiencias que se expresan aquí en estudiantes que transitan por años las aulas, como si el recibir enseñanza no tuviera un valor mensurable y un costo definido para la totalidad de la sociedad. Ese es el criterio del “democratismo” que tiene el rector.
Claro, a Arocena la palabra “costo” debe chocarle, porque convertiría al estudiante en “cliente” de una organización educativa y esa palabra en su cultura es un término brutalmente antagónico con una visión para él seguramente contraria de la democracia al estilo de Chávez y del funcionamiento de una Universidad como otro apéndice del Estado.
Por supuesto que Arocena no profundiza sobre lo que está ocurriendo con los postgrados en la Universidad que regentea, que se abren con cuenta gotas para pocos estudiantes. En esto podemos utilizar algunas afirmaciones de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, sobre la formación de anestesistas, verdadera “casta” aceptada por la propia Facultad de Medicina que no abre la matrícula para la formación masiva de estos profesionales. Y no solo son los anestesistas. Podríamos poner otros ejemplos: ¿Los quiere el rector? ¿No los conoce?
¿A qué queremos llegar? Aceptamos el planteo inicial de una discusión a fondo sobre el tema del cobro de matrícula y la universalización del sistema de becas, porque pueden existir posiciones disímiles que en definitiva coincidan en el gran objetivo que es el de tener una cada vez mejor Universidad de la República, para formar técnicos y científicos del más alto nivel que colaboren con el desarrollo del país? Por otra parte la gratuidad de la enseñanza ha sido una tradicional posición de la izquierda.
Pero no nos parece adecuado es defender el “statu quo” actual, el de la Universidad pretendidamente gratuita, que si bien no cobra matrícula y proporciona becas a través del Fondo de Solidaridad, es una casa de estudios anquilosada, llena de vicios, de camarillas de poder que desde siempre hicieron historia en cada una de las Facultades, marcando directivas, dejando de lado a excelentes docentes que fueron malamente echados o perdieron concursos “amañados”.
Estos son hechos históricos que no le han servido para nada a la educación superior uruguaya y, quizás, estén en la base de todo un anquilosamiento que todavía trata de mantenerse en la Universidad de la República.
Por otra parte, debemos recordarle al rector que estamos en el siglo XXI.

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Las palabras de Rodrìgo Arocena: Este es el texto aparecido ayer en el blog del rector de la Universidad Rodrìgo Arocena, respondiendo tangencialmente al presidente, Tabarè Vázquez.

Las declaraciones del Presidente de la República han vuelto a poner en el tapete la pregunta del título. En plena discusión del marco legal de la educación pública, el Uruguay se merece un debate sereno y a fondo sobre el tema. Los partidos políticos, en particular, deben pronunciarse al respecto. Lo que sigue es una modesta y sucinta contribución al intercambio de ideas.
La educación beneficia a quien accede a ella y a toda la sociedad. El nivel de vida material y espiritual de una comunidad depende grandemente del nivel educativo de sus integrantes. Por lo tanto, la educación de todos debe ser solventada por la sociedad en su conjunto. Quienes hemos tenido el privilegio de completar una formación avanzada pagada por toda la sociedad –cosa que hoy no muchos pueden hacer en nuestro país-, tenemos el deber moral de contribuir especialmente al financiamiento de la enseñanza pública, en proporción a los ingresos que nuestra formación nos permite obtener. Ese enfoque del problema del financiamiento de la enseñanza terciaria y universitaria es a la vez más justo y más eficiente que el cobro de matrícula a quienes se supone que pueden pagarla.

¿A quiénes se cobraría matrícula? En el caso de la Universidad de la República, 76% de sus estudiantes necesitan trabajar, 55% están empleados y 21% están desempleados. Además, uno de cada tres estudiantes de nuestra institución trabaja más de treinta horas semanales. Así pues, no tendría sentido cobrarle matrícula a por lo menos las tres cuartas partes del estudiantado. En cuanto al 24% restante, ¿cuántos de ellos podrían pagarla? ¿Cuántos requerirían apoyo adicional de sus familias? En numerosos casos, las familias han hecho y siguen haciendo un esfuerzo importante para que sus hijos puedan estudiar. ¿Podrán ampliar su contribución?

¿Qué aparato de inspección debiéramos montar para saber cuáles estudiantes pueden pagar, cuáles no y cómo varía la situación de cada uno? ¿Cuántos problemas se generarían así? ¿Cuánto dinero se obtendría por esta vía? ¿Cuántos estudiantes abandonarían sus estudios? La matrícula disminuiría el acceso a la enseñanza terciaria, con negativas consecuencias no sólo para quienes queden fuera de ella sino para el futuro del país.

La contribución de los profesionales a través del Fondo de Solidaridad permite al presente financiar varios miles de becas. Si esa contribución se hace proporcional a los ingresos, será más justa e incrementará los recursos disponibles.

Por esta vía se puede avanzar hacia lo que debe ser un gran objetivo nacional para todo país que aspira al desarrollo integral: generalizar el acceso a la formación avanzada, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de la vida entera. No otra cosa han hecho las naciones que suelen mencionarse como los recientes casos exitosos en materia de mejora rápida de la calidad de vida de su gente. Más de siete de cada diez jóvenes en Corea del Sur o Finlandia, Irlanda o Nueva Zelanda, acceden a la enseñanza superior; en Uruguay la cifra baja a menos de la mitad.

Cabe pensar que la posición aquí defendida es compatible con la opinión del gobierno nacional. Ello surge del propio texto del Proyecto de Ley General de Educación que el Poder Ejecutivo ha sometido al Parlamento. Su artículo 19 establece: “El principio de gratuidad asegurará el cumplimiento del derecho a la educación y la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo”. El artículo 25 deja en claro que el Proyecto se refiere a todos los niveles de la educación, desde el inicial al universitario, incluyendo al postgrado.

Ello es plenamente compatible con la Constitución de la República, cuyo artículo 71 dice: “Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física”. La gran cuestión es si apuntamos a reducir o a ampliar la gratuidad de la enseñanza pública. Confiemos en que una discusión abierta lleve a pronunciamientos claros y dotados de amplio respaldo

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