El gobierno pedirá “perdón” a las Víctimas de la dictadura militar y del terrorismo de Estado

Al parecer se hará algo de justicia con los uruguayos víctimas directas de la dictadura que de una forma u otra (muerte, exilio, torturas, cárcel, persecución, vida clandestina), sufrieron las consecuencias directas de la persecución del gobierno de facto.

Una forma de completar lo comenzado con varias leyes de reparación anteriores, una importante aprobada en el período de gobierno del presidente, Jorge Batlle, por la cual se les computaron a las víctimas los años de cárcel, exilio o persecución, sirviéndoles como antecedentes ante el Banco de Previsión Social, estableciéndose que los correspondientes períodos fueran considerados como “años trabajados”
La segunda Ley de reparación, también incompleta, incorporó una compensación pecuniaria para los ciudadanos que estuvieron presos en las mazmorras del régimen, pero haciéndose restrictiva con los exiliados, perseguidos y clandestinos que, en algunos casos, pudieron mejorar su cédula jubilatoria. No hubo ningún tipo de compensación para estos ciudadanos.
Ahora, según se ha anunciado, el Estado uruguayo pedirá perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1973-1985), a través de un proyecto de ley de reparación que ingresará al Parlamento en marzo.
Según la iniciativa, el Estado se hará "único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad" y de haber propiciado el terrorismo de Estado entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, informó hoy el diario La República.
El proyecto resarcirá además económica y asistencialmente a los uruguayos que fueron encarcelados y perseguidos o debieron vivir en forma clandestina debido a su actividad política o social, así como a los exiliados y a los familiares de los detenidos desparecidos.
Con esta ley de reparación integral se abarcararía, si en el trámite parlamentario no impera de nuevo algún criterio restrictivo, no solo a las víctimas, sino a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los niños que fueron secuestrados, a los familiares de los asesinados, a los que debieron vivir en la clandestinidad.
Si bien desde el retorno a la democracia el Estado promulgó varias leyes de reparación, un importante número de uruguayos no fueron amparados por esas normas, por lo que el proyecto apunta a cubrir ese vacío lo que es de estricta justicia.
Sin embargo el tiempo ha pasado largamente y infinidad de víctimas de la dictadura han fallecido y otras, por la miopía del legislador o de quienes elaboraron las leyes, no han sido contemplados casos de compatriotas que luego de estar procesados por la justicia militar, al ser dejados en libertad, debieron dejar el país y trabajaron en el exterior.
Conocemos el caso de un compatriota, de hoy 70 años, que fue duramente castigado por la dictadura con años de cárcel y, luego de ser liberado, perseguido a punto que debió viajar a Francia, en donde estudió una nueva profesión, y allí trabajó como sanitario. Pero como en Francia no pudo completar un período prolongado de labor, la seguridad social de aquel país le otorgó, al jubilarse, una simbólica prestación de 140 Euros mensuales.
Este compañero realizó las gestiones ante la Comisión que estableció la ley 17. 449, declarando como es lo correcto, el dinero que cobra en Francia, que en pesos uruguayos se convierte en una cifra ridícula. La referida Comisión, ante el caso, entendió que si el ex preso político uruguayo tenía una jubilación en el exterior no le correspondía la compensación por su condición de detenido político. La única solución que se le planteó como posible al ex preso político fue que renunciara a su jubilación en Francia, lo que intentó.
Sin embargo, el Instituto de la Previsión Social francés respondió al pedido de forma negativamente, indicando que es imposible aceptar una renuncia a derechos adquiridos.. El tema está claro, un abogado defensor de los derechos humanos, Oscar López Goldaracena, busca una solución para este esforzado trabajador uruguayo, víctima de la dictadura a quién se le reclama el absurdo de que renuncie a sus derechos adquiridos en otro país, donde debió obviamente trabajar para poder subsistir y logró, además, al final de su etapa laboral una tan solo una simbólica jubilación.
Por supuesto que estimamos que no fue intención de los legisladores ni del Poder Ejecutivo, que diseñó el proyecto de Ley final que ocurrieran hechos de esta magnitud injusta. Conocemos otros hechos parecidos y, quizás lo más grave, es la falta de solución para exiliados y perseguidos, cuyos años de destierro no contaron para recibir una compensación pecuniaria al final de sus vidas.
Esperemos que el nuevo proyecto de Ley, de reparación integración, restañe las injusticias de las leyes anteriores que, elaboradas con buena voluntad, lo descontamos, sufrieron recortes que fueron restringiendo sus alcances dejando fuera de las normas establecidas a muchas personas que, obviamente, fueron tan víctimas de la dictadura como quienes lograron una compensación pecuniaria.
¿Se hará finalmente justicia?

servido por Carlos sin comentarios compártelo