La política del gobierno cuestionada: Salud Pública impide el PET por inversión privada

  Nos comprenden las generales de la ley, ello es obvio. Cuando el CASMU negó a algunos pacientes con diagnóstico de cáncer maligno al riñón la provisión del medicamento SUTENT, amparado en el argumento de que el mismo era de alto costo y, fundamentalmente porque no estaba en el vademécum que elabora anualmente el Ministerio de Salud Pública, nos encontramos ante la disyuntiva de polemizar duramente, discrepando con una política sanitaria que olvidaba a los pacientes y ponía en riesgo sus vidas. Todo confluyó en una dura campaña periodística de cuyo resultado estamos satisfechos.

         Conocimos el caso directamente porque una de las víctimas del brutal desaguisado, avalado posteriormente por la Justicia que le dio la razón legal a la mutualista, que según el fallo del juez interviniente no había violentado ninguna norma existente, sin tener en cuenta, por supuesto, todos los derechos humanos pisoteados de los pacientes que comenzaron a recibir el medicamento solo por el apoyo de amigos, por la buena voluntad solidaria del propio laboratorio que lo comercializa y luego, del escándalo que sensibilizó a la opinión pública, por la decisión gubernamental de que el Fondo Nacional de Recursos, en base a estrictos protocolos, comenzara a entregar dichos medicamentos de alto precio a los pacientes necesitados.

         Como corolario de esto debemos decir que, por suerte, no hubo errores ni campañas de engañosas de marketing que mostraban bondades en donde no las había. El medicamento fue realmente efectivo y en el caso de un paciente que conocemos, la mejoría fue notable y hoy se encuentra - pese a la estrictez de su conducta  y los cuidados que mantiene - en perfecto estado.  Sin embargo existe un pero. Debe realizarse un último examen que confirme su estado, los logros del esfuerzo realizado por la ciencia, sintetizado en ese medicamente adecuadamente recetado y que logró tomar por la lucha sin cuartel de amigos y personas que se solidarizaron ante una flagrante injusticia avalada por nuestro MSP y amparada por la Justicia. Ese examen es un PET (1) , que le han reclamado varios de los médicos que lo atienden, cuyo resultado dirá de la profundidad de su mejoría y la posibilidad de realizar una cada vez mayor normal vida futura.

         Nuestro amigo, por supuesto, averiguó, en donde se podía realizar ese examen exhaustivo.  El lugar más en acuerdo a sus actuales posibilidades es el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde el examen tiene un costo (para los uruguayos) de alrededor de 2 mil dólares, a lo que se deben sumar algunos días de estadía porque hay esperar algunas horas luego del estudio para saber si todo fue bien o hay que repetir el examen, extremo que de ocurrir no modifica el precio final.  Solo se suman los días de estadía en casa de amigos y en hoteles, más comidas, etc.

         Y todo ello que está al alcance de pocos, es en razón de que en Uruguay, por resolución del Ministerio de Salud Pública no existe un aparato PET, porque no se autorizó al Sanatorio Americano a adquirir uno e instalarlo, alegándose que toda nueva tecnología (lo dijo la singular ministra, que debiera defender en primer lugar la salud de todos los habitantes del país), debe ingresar al país por intermedio del Estado.

         Por supuesto que todos los argumentos técnicos sobre la instalación del equipo y de los elementos que lo nutren, manejados como limitantes por el MSP, fueron aclarados plenamente por los médicos del Sanatorio que quiere introducir al país el equipo que, de ser autorizado, estaría en funcionamiento en menos de cuatro meses. Sin embargo sigue la negativa.

Luego aparecieron otros ejemplares apoyando a la ministra, algunos dignos de ser exhibidos en zoológicos circenses, como un legislador de la lista 603, que alegó que no se debía permitir lucrar a los privados con la tecnología médica. Olvidó decir que casi toda la tecnología de punta existente en el país la han incorporado clínicas del ámbito privado. También olvidó otra cosa, sobre el Estado mismo: olvidó, por ejemplo, que UTE, ANTEL, ANCAP, etc., todas empresas monopólicas nacionales, cobran tarifas, servicios y productos en los niveles más altos del continente.

También debe haber olvidado que cuando funcionó la competencia en buena forma (caso de la telefonía celular), no solo se desarrollaron bien los servicios, con un notable desarrollo tecnológico, sino que además los precios descendieron. Inclusive en la empresa pública que compite, uno de sus sectores más dinámicos es el de la telefonía celular, producto de estar embarcada en la bienvenida competencia.

         Por otra parte, en materia de tecnología médica, el Estado nacional no es santo de la devoción de nadie. Debemos reconocer que algunos nosocomios públicos han logrado aceptables niveles de atención a los usuarios, ejemplo de ello son los hospitales Militar y Policial, no justamente regenteados por el Ministerio de Salud Pública. Pero no podemos dejar de lado la situación del Maciel, Pasteur, Pereira Rossell, algún hospital del interior, como el de Tacuarembó, en donde se mantiene una buena atención. Sin embargo es justo decir que muchos de ellos mantienen niveles altos porque sus servicios son prestados por cátedras de la Facultad de Medicina, con galenos que con sueldos universitarios deben realizar tareas propias del "primer mundo" por su complejidad técnico científica.

         Se da la paradoja que en el ámbito universitario funciona el Hospital de Clínicas, una rémora anquilosada y deficiente, vergüenza de la atención médica, verdadera máquina succionad ora de presupuestos y ejemplo de ineficiencia que además fagocita sin medida empréstitos y donaciones extranjeras sin modificar un ápice su funcionamiento deficiente.

         ¿En que nivel de la administración pública quiere poner el diputado Vega al PET para que cumpla con la fundamental tarea de diagnóstico que reclaman miles de enfermos de cáncer que no tienen forma de concurrir a Buenos Aires o Porto Alegre, para concretar un examen privado? ¿A nivel del propio Ministerio de Salud Pública? ¿Regenteado por la misma dirección del Hospital universitario que, año a año, está al borde del cierre?  Y no creo, por la conformación ideológica del legislador que reclame que ese servicio nuevo sea manejado por Sanidad Militar o Sanidad Policial. Aunque, sabemos, que muchos expresan el síndrome de Estocolmo sin tener conciencia que lo hacen.

         Por supuesto que el doctor Henry Hengler, quién dirigirá la repartición oficial que manejará el PET de Salud Pública, que funcionará junto al edificio del Hospital de Clínicas, lugar que lo lectores pueden identificar porque allí se a excavado un pozo de interesantes dimensiones, cuando colabora para solucionar un problema de salud de un amigo ( y tenemos algunos testimonios directos), por supuesto que nos les dice que esperen al aparato que se instalará allí no se sabe cuando, sino que "le lleven un PET" obtenido, por supuesto, en una clínica bonaerense o de Porto Alegre.

Hengler es un científico cabal y sabe como defender la salud de sus pacientes.

Todo lo demás es lamentable...¿No?

servido por Carlos 3 comentarios compártelo