De nuevo, ¿civilización o barbarie?

La responsabilidad de los "abolicionistas" ante el delitopor Carlos Santiago (*)

En el diario LA NACION de Buenos Aires fue publicado un trabajo del controvertido periodista Mariano Grondona, profundizando el papel del Estado en la represión del delito. La oportunidad del tema tiene relación con la ola de violencia que se sigue manifestando en el país vecino, en donde los márgenes de seguridad han decaído a niveles de inexistencia, especialmente  en algunas zonas del Gran Buenos Aires.

Según Grondona "El Estado nació cuando la venganza privada fue sustituida por la potestad de un juez imparcial. Cuando el pretor, el primer juez de la historia occidental, empezó a actuar en la antigua Roma, con él surgió el Estado. Desde el momento en que sustituyó a los particulares en la lucha contra la delincuencia, el Estado quedó a cargo del servicio esencial de la seguridad, cuya vigencia inauguró la primacía de la civilización sobre la barbarie"

"Por eso - sigue diciendo- Adam Smith pudo definir la justicia diciendo que "se acerca a la venganza solamente en la medida en que resulte aceptable para un tercero imparcial". El Estado es, para decirlo con palabras de Max Weber, "la agencia que tiene el monopolio de la coacción legal dentro de un territorio determinado".

Por ello, cuando se tienen diversas visiones sobre esa función del Estado en la represión del delito, como expresa la contradictoria acción de los organismos especializados no deberían asombrarnos la débil respuesta que existe hoy al inquietante auge de la delincuencia, que está sitiando a los uruguayos quienes, enrejados, envueltos en sistemas electrónicos de alarma y, en algunos casos, armados, tratamos de evitar - sin lograrlo plenamente - no ser víctimas de una situación que cada vez es más incierta.

Esto ocurre especialmente cuando estamos inmersos desde hace varios meses en la preferida gimnasia uruguaya, la electoral. El panorama que nos queda por adelante es el de mayor alienación, ya que a las decisiones internas que tendrás que adoptar los partidos en el próximo mes de junio, luego se le sumará la brutal carrera que engloba la primera vuelta presidencial y la elección de las cámaras de diputados y senadores.

Una situación que, obviamente, dificulta que las visiones se trastoquen y que se cambie la acción de quienes tienen que cumplir una tarea específica en contra la delincuencia que, lamentablemente, tiene una integración muy dramática de actores menores de edad, por donde la visión estatal pasa del "garantismo" al "abolicionismo", que pretende sustituir el tradicional enfoque del benigno derecho penal por la peregrina idea de que muchas veces los victimarios son en realidad las víctimas de un injusto orden social que los ha arrojado a la marginalidad.

Especialmente ocurre ello cuando el enredo de leyes penales alcanza a la nueva camada de quienes son los principales actores de los delitos más comunes, los menores que, en diferentes estamentos pueden ser internados en alguna de las deficientes reparticiones del INAU o, si son menores de 13 años, reintegrados a sus familias, o sea lisa y llanamente dejados en libertad, sin que el Estado intente la más mínima acción de recuperación.

Trascribimos un párrafo completo de la nota del periodista argentino que, obviamente, parece reiterar muchos de los elementos que se manejan casi diariamente en nuestro país: dice sobre el abolicionismo que, evidentemente es el criterio imperante en nuestro medio: "Y así resulta de esta errónea interpretación que, cuando un delincuente asalta a un ciudadano, se lo considera no sólo el "victimario" de ese ciudadano sino también la "víctima" de la injusticia social, lo cual podría llevar a suponer que la propia víctima de la agresión es de manera indirecta un "victimario" por pertenecer a un orden injusto y que el ataque que sufre desde las sombras es un castigo en cierta forma justificado".

Los abolicionistas, desde el ministro José E. Díaz en adelante,  cuya gravitación en el Gobierno no podría negarse, no se han animado como él lo hizo,  hasta ahora,  a proclamar abiertamente esta distorsión del derecho penal. Sin embargo no definen nada cuando los enfrentan a la situación que, mientras las víctimas de los delincuentes aumentan cada día en multiplicación exponencial, sus agresores "entran por una puerta de los juzgados y las comisarías, cuando no de la cárcel y salen por la otra, envolviendo a los ciudadanos en el angustioso clima de la impunidad.

Los ciudadanos - dice Grondona - viven detrás de las rejas que ellos mismos se han forjado mientras las pocas cárceles existentes no alcanzan, aun si los delincuentes fueran realmente condenados, para contenerlos. "Los ciudadanos cercados y los delincuentes libres: ésta es la perturbadora imagen que hoy alimenta la indignación de los argentinos", dice el periodista, interpretando a la distancia la situación que también se vive, casi en espejo, en nuestro país.

A pocas horas de que Nora Castro asumiera la presidencia del INAU es que nos preguntamos: ¿Cuál será la orientación de la nueva directora que, con suma responsabilidad, toma entre sus manos un clavo al rojo vivo? Si nos encontramos con una dirección "abolicionista", que culpa a la sociedad de las acciones delictivas de los infanto-juveniles, el camino será complejo para la sociedad que no encontrará respuestas a sus reclamos de mínima seguridad.

Sería más lógico el camino  "garantista", que trate con liviandad jurídica a los menores pero que a la vez  con severidad académica los integre a un sistema que les permita el reintegro a la sociedad.

Lo que no es posible es la actual situación cuasi de "abolicionismo" total, en que los delincuentes quedan prácticamente libres y algunos sostengan, como un niño de 13 años confesó ante un juez su participación en una rapiña a mano armada, diciendo: "es un bollo, no me pasa nada si me agarran"

En alguna nota anterior sosteníamos que la actual situación en que los que debieran implementar la prevención y la represión del delito, transfieren la responsabilidad del mismo a las difíciles condiciones de la sociedad, o al sistema financiero (como hizo un funcionario que estampó ese concepto para definir la proliferación de la droga), o al neoliberalismo, y mil etcéteras más, algunas tan excéntricas como tontas, lo que se está haciendo es dejar a los menores infractores (o delincuentes), trepados en un plano inclinado que indefectiblemente los llevará a la degradación final y la muerte.

Muerte por incidencia de la droga, de la acción policial y de quienes, en un adecuado derecho a la supervivencia, defienden a sus familias de las agresiones. ¿Qué haría cualquier "abolicionista" a la uruguaya, si viera como le es torturado un hijo o su conyugue, por un grupo de malvivientes, tanto menores como mayores de edad?

Hablamos, en este último caso, cuando por falencias en las funciones del Estado el ser humano debe defenderse o, quizás, como afirman los clásicos análisis, "vengarse" al haber pasado a desempeñar el papel de víctimas. Por ello, en un país moderno, no es adecuado que el Estado resigne su papel en la prevención y represión del delito. Porque el Estado existe desde el momento en que sustituyó a los particulares en la lucha contra la delincuencia.  Fue cuando el Estado quedó a cargo del servicio esencial de la seguridad, cuya vigencia inauguró la primacía de la civilización sobre la barbarie.

Volver atrás como sugieren los "abolicionistas", es lanzar a la sociedad a acciones de barbarie cuya justificación ética puede ser discutible. Parece evidente que para todos, incluso para quienes sostienen esa peregrina teoría, la familia y el hogar son junto a la Patria, los valores más entrañables del ser humano y su defensa es una acción esencial.

En que cualquiera se juega la vida.

(*) Periodista.

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