Justicia y delincuencia en el Estado de derecho

Cuando las víctimas somos en realidad los victimarios

por Carlos Santiago (*)

"El derecho penal no puede contribuir a una mayor seguridad en la sociedad.
No es su función"
¿Entonces cuál es su función?
¿Darle seguridad a los delincuentes?
Parece que sí"

Son difíciles de "digerir" para la población, la directamente afectada o la preocupada, los niveles crecientes niveles de inseguridad y, por supuesto, las medidas que para combatir a los violentos tiene que adoptar la Policía totalmente desprotegida por un régimen legal absurdamente benigno que determina que la mayoría de los responsables de las trasgresiones en contra la necesaria paz social, cuando son menores, sean liberados a las pocas horas de ser detenidos luego de un arduo trabajo de los investigadores que, de alguna manera, son los que se juegan "la ropa" ante los violentos.

Para muestra basta haber presenciado todo lo ocurrido en torno al partido entre los clásicos rivales, Nacional y Peñarol, un simple encuentro de fútbol que en cualquier país organizado debía ser una fiesta deportiva pero que en el Uruguay, por distintas razones que se debieran ir desentrañando una tras otra, se ha convertido en el centro de disputas violentas, en ocasiones mortales, de bandas armadas (tribus urbanas) que, generalmente transgrediendo todo tipo de límites, hasta que el pasado domingo se les puso un punto final con medidas de fuerza, eran claramente permitidas porque los hechos ocurrían semana a semana con intensidad variable y con impunidad reiterada.

La solidaridad mafiosa de la patota tiene tal intensidad que entre decenas de participantes de las mismas, luego de intensos interrogatorios, no se han podido detectar a los responsables directos varios asesinatos, como el del partidario del Club Cerro, agredido hace casi tres años a puñaladas en las inmediaciones del Hospital de Clínicas por una llamada "barra brava". Actualmente algo parecido ocurre con la identificación del asesino del joven baleado en las cercanías se la cancha del Club Aguada, pese a que la Policía pudo identificar a los integrantes de una "barra brava" que habría participado en la balacera y existe un sospechoso que se está buscando que no sería menor. Pero el resultado de las primeras etapas de la investigación judicial fue escaso, nulo y su resultado es que todos los integrantes de la patota, que estaban detenidos, recuperaron su libertad a las pocas horas. .

El operativo policial armado para el partido clásico, de impensables proporciones, por supuesto justificado porque tiene relación con las deformidades de una sociedad claramente enferma de violencia, pero desmedido por su gigantismo para un simple partido de fútbol, en que los violentos ya deberían haber sido erradicados y no "becados" por algunos clubes que los utilizaron erróneamente para intentar imponer por ese camino éxitos deportivos que se le estaban escapando en la sana competencia, que permitieran eternizar en el poder a los malos dirigentes.

Por otra parte, debemos decir, la Policía hace lo que puede. Una Policía además discriminada, ninguneada en los Presupuestos Nacionales con sueldos indecentes que llevan a los agentes a cumplir jornadas de muchas horas en servicios privados para completar un sueldo decoroso. Pero el tema es más grave de lo que se podría entender en primera instancia, porque un Estado que discrimina a su propia policía, ¿qué puede esperar de ella?

En cualquier país bien ordenado, la policía es una herramienta mayor del Estado en la lucha contra la delincuencia y por la seguridad. Tiene que asombrarnos, entonces, que, en lugar de una policía respetada por ese Estado al que ha de servir, que debe exigirle el cumplimiento estricto de la ley pero que también debe ofrecerle condiciones dignas para su labor, lo que vemos sea un cuerpo desmoralizado, entre cuyos integrantes sobresalen, sin embargo, esforzados policías que la sociedad debería honrar.

"Los ricos tienen mayores recursos para

protegerse y sin embargo son los que más se quejan"
Sí, es cierto, y también es cierto que ustedes,

los abolicionistas penales, se aseguran que

los pobres sean los más afectados por los criminales"

Pero existe otro plano de análisis que está en la contradicción explicita que existe entre la acción policial, preventiva y represiva, con la tarea de la Justicia, basada en una legislación penal permisiva, aprobada en 1930 para otra realidad de país, cuando no existían ni las "barras bravas", ni la delincuencia juvenil, ni las llamadas "tribus urbanas", ni la "pasta base", verdadero flagelo genocida, engendros que, todos vinculados, podrían desarrollarse malamente y llegar a reiterar el fenómeno tremendo centroamericano de las "Maras".

Con el bienvenido crecimiento de la democracia en el mundo de nuestros días, también se ha ampliado la aceptación universal de los derechos humanos, cuya principal aplicación en el campo del derecho penal es que todo acusado por el delito que fuera tiene el derecho de defenderse ante un juez imparcial.

A los defensores a ultranza de este derecho se los llama "garantistas". Pero el garantismo ha sido desafiado en nuestros tribunales y a nivel del ejecutivo político por otra corriente, el "abolicionismo", que pretende sustituir el tradicional enfoque del derecho penal por la peregrina idea de que muchas veces los victimarios son en realidad las víctimas de un injusto orden social que los ha arrojado a la marginalidad.

Este discurso "abolicionista" es el que aparece un día sí y otro también en boca de más de un miembro del Poder Ejecutivo que, de forma explicita o implícita, obviamente, como reflejo de ese pensamiento no tiene respuesta alguna ante el crecimiento de la inseguridad. Se da el fenómeno, resaltado por algunos abogados, de que la tendencia de algunos jueces también montados en esta línea abolicionista, es castigar con más dureza a quienes defienden su integridad, la de sus familiares o de su hogar de la acción delictiva, que a los propios delincuentes.

El resultado de todo este proceso es la indefensión evidente de la población y el desánimo de la Policía que no puede brindar soluciones ante delincuentes que han perdido los códigos y que, muchas veces afectados por la maldita "pasta base", no tienen límites en su violencia. Por ello crecen las zonas enrejadas, las alarmas electrónicas, aumenta la venta de armas de todo tipo. Obviamente cualquier padre de familia prefiere sufrir vicisitudes ante la Justicia, con una salida incierta de esos problemas, que dejar indefensa a su familia y a su hogar, posiblemente agredidos por delincuentes que no tienen medida en su acción violenta e irracional.

"No estamos ganando la guerra contra la delincuencia"
¿Cómo podríamos ganarla, si los delincuentes

que la policía atrapa con grandes esfuerzos,

con pérdida de vidas de policías y con tremendos

gastos de recursos públicos son liberados

en el acto por el sistema penal permisivo?"

Lo que parece evidente que el tema de la seguridad (y así lo dicen algunas compulsas de opinión) es uno de los que más preocupan a los uruguayos. Quién ofrezca mayores garantías de encontrar soluciones a la actual situación logrará apoyos decisivos. Lo sorprendente es que en las estadísticas los hechos que de verifican todavía no han llegado al nivel de otros países del continente. Sin embargo los uruguayos valoramos la seguridad perdida como un elemento indispensable de la calidad de vida que se reclama recuperar.

Y, por supuesto, la mayoría no se inclinará por quienes pretendan mantener el actual "statu quo" abolicionista, que en definitiva, es no tener políticas para tratar de solucionar una problemática compleja y dramática. Tanto es así que en los últimos años nada se ha hecho por la recuperación de los infractores, tanto menores como mayores de edad, manteniéndose situaciones de encierro que colisionan claramente con los más elementales derechos humanos.

Es lamentable.

(*) Periodista. (Publicado en Bitácora)

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