El Plan Cardales y el interés nacional

Una pulseada en que se definen muchas cosa

Por Carlos Santiago (*)

"Se pueden y se deben, naturalmente,

impugnar los monopolios e instituciones

semejantes, ya que es indudable que

empeoran la situación del trabajador"

Vladimir Lenin

Si se quiere más tecnología y a menor costo, hay que impulsar la competencia y no frenarla, como ocurrió con Ancel, el sector por lejos más dinámico de ANTEL, o el Banco de Seguros que lanzado a una fuerte competencia con las empresas aseguradoras que se afincaron en el país, logró liderar la actividad y salir de una situación en qué el monopolio que mantenía en algunos rubros, como los seguros para automóviles, lo habían colocado.

El Banco era ineficiente, lento, no prestaba un buen servicio, su acción era onerosa y su burocracia ingobernable. Hoy lidera el mercado, tiene balances positivos y una imagen que mejora día a día.

Otro ejemplo importante de destacar es el de la actividad portuaria en donde la combinación de la acción del Estado orientando, junto a empresas privadas que obtienen sus ganancias por la lógica del sistema, han logrado enormes beneficios para el país. El puerto de Montevideo luego de vegetar durante 50 años, con hangares que el tiempo iba herrumbrando y destruyendo, hoy es una de las joyas que Uruguay ofrece en esta parte del continente y su operativa compite exitosamente, por precio y calidad, en contra otros puertos de países vecinos que antes centralizaban la operativa que hoy se realiza en Montevideo. Buena parte de la carga que va hoy para la Argentina es descargada en Uruguay, en donde se la revisa, procesa y distribuye.

              Esto es lo que el presidente de la República piensa en torno al ya manoseado Plan Cardales y cuando envió luego de terminados los comicios el  decreto que habilita los acuerdos entre ANTEL, que monopoliza las líneas telefónicas de cobre y maneja de manera monopólica los teléfonos fijos y el servicio ADSL que llega por cable, para que los cableros privados no quedaran afuera de una idea democratizadora como es el llamado sistema Triple Play, que podrá conectar a todos los hogares del país en base a un paquete de servicios que incluye telefonía fija, ADSL y televisión por cable.

              Todos elementos que, como en el Plan Ceibal, servirán para multiplicar el contacto de los uruguayos con la cultura, abriendo nuevas fuentes de trabajo directas e indirectas y proveyendo, por un precio muy módico, un servicio que ya existe en muchos países del mundo con un éxito rotundo.

              Eso es lo que el saliente gobierno de Tabaré Vázquez quiere y pensaba cuando promulgó la Ley N° 18.159 de Defensa de la Competencia en 2007. Aceptemos que el mercado por sí solo tal vez no lo pueda hacer, entonces es razonable que el Estado diseñe instrumentos adecuados para promover la universalización de nuevas tecnologías. Sin embargo, es importante que al realizarlo no se generen más costos que beneficios. Tal como está presentado el Plan Cardales -aunque todavía se está a tiempo para cambiarlo- sus inconvenientes serán seguramente más que sus beneficios. Tanto que parece más un intento para fortalecer el monopolio de Antel que una auténtica iniciativa de desarrollo nacional.

Llevar a todos los hogares uruguayos diversos servicios de comunicaciones digitales, incluyendo Internet, TV y telefonía, en un solo cable, en un servicio llamado "triple play", porque esos tres contenidos pueden transmitirse como "bits" a través de las mismas redes, lo cual suele denominarse "convergencia". Por ahora trascendieron sólo algunos aspectos del Plan Cardales. Por ejemplo, la pretensión de ofrecer un paquete básico que incluya Internet, algunas señales de TV cable y telefonía a un costo de 200-250 pesos mensuales. Además se determinó en primera instancia que Antel y las compañías de TV por abonados "nacionales" fueran quienes van a implementar el proyecto.

Sin embargo hubo una inesperada, por lo menos para la opinión pública, vuelta de tuerca. El Poder Ejecutivo sancionó el lunes 30 de noviembre, un día después de la definición del balotaje, el decreto 537/2009, por el cual se habilita la adhesión de empresas privadas al Plan Cardales, para ofrecer los servicios de "triple play" (televisión por cable, Internet y telefonía fija).

El decreto determina que el componente de telefonía fija, en todas sus tecnologías incluyendo IP, será provisto en forma exclusiva y excluyente por Antel, pero permite que en la prestación de los otros servicios a las empresas privadas que puedan operar una red propia o contratar con terceros. El decreto es el resultado de la prueba piloto el Plan Cardales realizada en una localidad del interior que, ante el magro ofrecimiento de contenidos  y la chocante realidad de que muchos sectores de población no tienen capacidad económica ni cultural para adquirir y utilizar de manera medianamente eficiente un computador, los resultados de la experiencia fueron muy pobres. Por lo demás la oferta televisiva que llegaba a los usuarios era escasa y poco atractiva.

El Poder Ejecutivo, respetando los servicios que monopoliza Antel, resolvió abrir a la competencia el Plan Cardales para que la oferta fuera múltiple, más creativa, vinculada a las necesidades y apetencias culturales de los virtuales consumidores del "triple play" Tabaré Vázquez estaba actuando a favor del interés nacional, que tiene supremacía sobre los particulares o corporativos, pero además lo hacía a la luz de los otros ejemplos en donde la competencia había favorecido claramente a la empresa nacional. Sin duda que con un  "triple play" en competencia con los privados, Antel adoptaría medidas de regulación y reorganización interna, aventando flaquezas y burocratismos. En el mundo moderno las empresas monopólicas, por su misma índole de organización mastodóntica y por la carencia del incentivo de la competencia, tienden a desaparecer.

Claro está, luego del decreto, de inmediato la corporación SUTEL, que nunca tiene en cuenta el interés de la propia Antel cuando realiza reclamos de todo tipo (podríamos recordar y detallar más de un episodio aleccionante), ni a quién tampoco le interesa mantener en alto el interés nacional, de inmediato como buque insignia de las corporaciones que siguen siendo una rémora para el progreso del país, puso la proa al decreto de nuestro primar mandatario. Corporaciones, además, a las qué no les importa un bledo que los gastos del Estado sean mayores que los beneficios, porque la variable de ajuste está en las tarifas que pagamos todos.

Y sostuvo cosas tan gruesas como que el Poder Ejecutivo no está facultado para autorizar a particulares la prestación de servicios de telecomunicaciones, por lo que la habilitación al sector privado carece de sustento legal al violentar el monopolio estatal, según dice el recurso presentado. Argumento falaz, porque el decreto mantiene en todos los términos el monopolio de Antel en cuanto a las líneas de cobre por donde llega la telefonía fija.

Siguen con una declaración inopinada e insólita, intentando tapar el deslumbramiento del progreso tecnológico con el dedo de los intereses particulares: "No hay duda de que la prestación de servicio de telefonía y el transporte de información a través de la red telefónica cableada (banda ancha), en cuanto telecomunicaciones, corresponde a Antel en carácter de monopolio y de servicio público", expresa. "El decreto, por tanto, no solamente contradice la normativa jerárquica superior, sino que, de mantenerse, causará un grave perjuicio al patrimonio del ente, al tiempo que desnaturaliza el principio finalista de servicio público", indica el recurso.

¿Cuál será el temor de SUTEL? ¿Qué Antel al competir con privados en partes del sistema "triple play" pueda requerir ajustes para mejorar la eficiencia y multiplicar la productividad, como ha tenido que hacer en lo que tiene que ver con los teléfonos celulares, mercado al que ingresó luego que una empresa privada lo pusiera en marcha? Quizás  sí, porque  otros de los vicios de los monopolios, abonados por la inamovilidad de los funcionarios públicos, lleva al burocratismo más descarnado. ¡Qué cualquier persona que tenga tiempo y ganas vea lo que se demora en atender a un usuario en una oficina de similares características y concurra para ello a hacer un trámite en la flamante torre de las comunicaciones, y luego lo repita en la de una empresa privada de telefonía móvil!

No son problemas de las personas, esos son los resultados de los sistemas de trabajo, de vicios provocados por organizaciones vetustas sin incentivos ni responsabilidades. Organizaciones que engendran mecanismos de defensa gremial que en lugar de tener visiones revolucionarias y modernas, ambicionando un progreso para todos, actúan abiertamente - como en este caso - contra el interés nacional que, obviamente, es el mismo que favorecería a cada uno de sus integrantes. Pero no lo ven. Y a quienes tampoco le importan los costos de la actividad monopólica.

Solo defender un estado de cosas vetusto y paralizante.

(*) Periodista. (Publicado por Bitácora, suplemento del diario LA REPUBLICA)

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