La necesaria unidad nacional

Una historia del disenso a mayorías nacionales 

Por Carlos Santiago (*)

      Tengo la más arraigada convicción de que la tendencia, visualizada desde una óptica pragmática, sobre la postura de países para impulsar políticas específicas (esta fórmula se extiende a todas las decisiones político coyunturales), no debiera medirse por los resultados obtenidos. "Te doy la presidencia de la Unasur y tu me das el impulso necesario para que termine el corte del puente" Esas posturas no se miden con resultados, sino con congruencia con los valores que cada país tiene pero que, además, son patrimonio de la humanidad. 

      Por ello son preocupantes algunos discursos que olvidan los principios, que deberían ser inalienables y básicos para el funcionamiento de una democracia que crezca en su significado, y obvien, por ejemplo, la violación de los derechos humanos en determinados países, con los cuales se tiene personal afinidad ideológica, magnificándose lo ocurrido en otros. 

      Esa visión hemipléjica es además peligrosa cuando se trata de uruguayos, quienes no hemos sabido como hacer para superar el escándalo de nuestro sistema carcelario, donde a cada paso, a cada minuto, en cada lugar se está flagelando a un ser humano. Por hacinamiento, por falta de mecanismo de recuperación de los internos, por carencias edilicias y lugares de detención ruinosos, le damos un maltrato a nuestros presos incomparable a lo que son los derechos establecidos en la carta de las Naciones Unidas, "tratamiento" que viola además de manera flagrante nuestro ordenamiento institucional, ya que la Constitución que no hemos dado dice que esos lugares, las cárceles, hoy verdaderos depósitos de seres humanos, "no deben de servir para mortificar" 

      Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo positivamente un trámite de Macarena Gelman, falló en contra nuestro país por la latente vigencia de la Ley de Impunidad, o concretamente la de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, un ordenamiento legal que hoy está objetivamente en desuso, pero que su vigencia fue ratificada por dos pronunciamientos populares que demuestran que mayoritariamente la gente cree que ese instrumento legal (se dice que es inconstitucional) sirvió de alguna manera para pacificar al país. 

      Sin embargo todavía existen pujos en algunos sectores tendientes a violentar esos pronunciamientos populares, tomando en cuenta solo que la Ley cuando estuvo en vigencia evitó que algunos militares y policías, instrumentos del poder dictatorial, pagaran su bestialidad con la intervención de la acción judicial. Pero el tiempo ha pasado, muchos de los actores de aquellos hechos han muerto y otros, por la puesta en vigencia del artículo 4to de dicha Ley, han sido juzgados y procesados por la justicia. Claro, deben quedar algunos de estos delincuentes todavía viviendo en su vejez una impunidad llena de miedos y fantasmas. ¿Pero, la Justicia, luego de casi tres décadas de ocurridos los hechos, tendrá pruebas para castigar a estos instrumentos de una "guerra fría", de la que los uruguayos también fuimos víctimas? 

      El parlamento uruguayo no puede hoy, desoyendo el doble pronunciamiento popular, buscar cualquier camino para borrar el pasado de impunidad establecido por esa Ley, que en visión de muchos, fue un idóneo derrotero de pacificación que pudo recorrer el país luego que las Fuerzas Armadas, heridas en su moral y en retroceso en un mundo cambiante que retiró el apoyo a los golpes de Estado perlados que tuvieron lugar en nuestro continente, resolvieron devolver el poder a la sociedad civil. El dúo Nixon -Kissinger ya no gobernaba los EEUU y el demócrata Jimy Carter le había dado apoyo a la revolución sandinista en Nicaragua, mortificado por el apuntalamiento a "la contra" otorgado por el ejército norteamericano en la etapa anterior. Esa política se extendió a resto del continente, cambiando las coordenadas anteriores de la Casa Blanca y los golpistas de entonces, debieron de nuevo acatar órdenes del norte, abandonando el poder. 

      Pero, recordemos, aún estaban fuertes. Los mecanismos de su poder brutal estaban intactos y su prepotencia todavía aparecía en ocasiones, como cuando el general Medina, en un acto inaudito pero enmarcado en la negociación por esa Ley de Impunidad, anunció que las citaciones a militares que le llegaran "serían guardadas en su caja fuerte" El general, pese a ser enemigo acérrimo del ex presidente de facto Gregorio Álvarez, quién fogoneó los malos tratos al médico Vladimir Roslik, con el fin de poner e Medina en una situación difícil, ya que la localidad de San Gregorio, en que fue detenido el médico luego asesinado en la tortura, estaba incluida en la región que estaba bajo el mando de este último general. 

      Pero Medina negoció con toda su fuerza para encubrir las fechorías de la totalidad de la "pesada" militar. Desapariciones, asesinatos, aberrantes torturas, secuestros, vejaciones, flagrantes injusticias y violaciones de derechos, etc. Entendía que era logrando esa impunidad la única forma de llevar a esos "gorilas" de nuevo a los cuarteles. Medina, un negociador hábil, supo convencer, amenazar y presionar a los políticos quienes, en la creencia o en el temor, aprobaron la referida  Ley que, por supuesto - aunque los historiadores no se ponen todavía de acuerdo -  habría surgido también  de los acuerdos previos del Club Naval. 

      Aprobada la ley, la impunidad se hizo presente. El mecanismo que estableció la consulta al Poder Ejecutivo de cada caso que fuera denunciado ante la Justicia, para potenciar o no su investigación, determinó que se comenzara a vivir una transición que, más allá del dolor de las víctimas vejadas o torturadas, de los familiares de muertos y desaparecidos, funcionó. Los militares abandonaron la arena pública y regresaron a los cuarteles. Solo habían logrado, luego de una década de gobierno de facto, la repulsa unánime de los uruguayos que los marginaron socialmente y de manera masiva.  

      El gobierno del presidente colorado, Julio María Sanguinetti, estableció otro mecanismo de sanción para quienes integraban la fuerza hasta ayer golpista. Si bien los criminales seguían impunes, las Fuerzas Armadas comenzaron a perder privilegios, los sueldos a caer, los presupuestos fastuosos durante la dictadura, a reducirse. Fue una política que se puede discutir en su justicia, pero que se llevó a cabo dentro de un marco de transición pacifica. 

      Luego de Sanguinetti llegó el gobierno blanco de Luís Alberto Lacalle que, claramente, no modificó la estrategia sobre la impunidad de su antecesor. Obviamente en el segundo gobierno de Sanguinetti no hubo cambios de ninguna especie al respecto. Recién fue Jorge Batlle el que avanzó algo. No solo creo la Comisión para la Paz, que investigó varios casos y llegó a conclusiones, sino que estableció el primer mecanismo que intentaba resarcir a las víctimas, pertenecientes a la actividad privada, afectadas por la dictadura. Los años de cárcel o persecución les eran canjeados por la consideración de "años trabajados" para el BPS, mecanismo que le sirvió a mucha gente para encontrar un horizonte en su existencia frustrante. Como siempre, el Estado uruguayo había recompuesto carreras a los funcionarios públicos, a los docentes, etc. Pero por años los trabajadores privados, afectados por la dictadura, fueron dejados de lado, como si sus derechos y sacrificios por el país no tuvieran el mismo rango que el de los demás ciudadanos. 

      En el primer gobierno frenteamplista, el presidente Tabaré Vázquez hizo algo más y trascendente. Puso en funcionamiento el olvidado artículo 4to de la Ley de Caducidad, permitiendo a la Justicia, investigar la acción represiva de varios personajes, entre ellos el líder del cuartelazo, el ex presidente de facto, general Gregorio Álvarez.  Desde allí el trabajo de la Justicia determinó el procesamiento de las cabezas más visibles de la represión, para las qué, incluso, se tuvo que crear una cárcel especial. 

      Para muchos que todavía no admiten el peso democrático que tienen los dos pronunciamientos populares, la Ley de Caducidad, es un símbolo de una negociación espuria que impuso por años la impunidad, que hay que "borrar". Les pesa el pasado, la larga militancia en contra de ese ordenamiento legal. Pero, nos preguntamos, ¿desde el punto de vista práctico tienen sentido "desaparición" de parte de nuestro ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo está vehículizando todos los casos que se soliciten para su investigación Judicial? 

      Quizás se debió plantear la derogación de la norma, para que en adelante la Justicia por si misma pueda actuar  sin visación previa del gobierno, ante las denuncias presentadas. Sin embargo con ello no se podría evitar que los efectos de la ley ocurridos en el pasado se puedan revertir.

     Por supuesto, las posiciones a que nos estamos refiriendo no son nuevas. Son las que han imperado durante muchos años ¿e imperan todavía en no pocos casos?  Pero, nos preguntamos también, ¿esas posturas que no reconocen los pronunciamientos populares, no se convierten en inequívocamente antidemocráticas e indiferentes a los principios y lineamientos del sistema republicano? Es bien claro que cuando los políticos que se embarcan en interminables y estériles luchas fratricidas, tienen éxito, terminan por arruinar su futuro de todos.

     Es más; adherir a una visión del mundo que revaloriza una ficticia y justiciera unidad de los pueblos, lograda, paradójicamente, en el minoritario disenso, es contraria a la mejor historia del progreso, que necesita de la paz, el acuerdo social y la unidad nacional.

     En eso manifestamos nuestra coincidencia con el presidente Mujica.

(*) Periodista.  (Nota publicada en Bitácora, suplemento del diario LA REPUBLICA.

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