La necesaria reforma del Estado

Una tarea que Mujica se puso al hombro

Por Carlos Santiago (*)

La actual estructura del Estado es – tal como la caracteriza el propio gobierno - deficiente y negativa para los intereses nacionales. Además de corporativista, onerosa: ¿cómo es posible que el fisco requiera los niveles de imposición que se tienen en Uruguay, con el fin primordial de sostener a un monstruo de mil cabezas, incompetente e incapaz de renovarse a si mismo? Son, claro está, bienvenidos los anuncios que llegan desde el gobierno de que se iniciaron los estudios correspondientes para meter bisturí a fondo, para modificar esta situación y crear un Estado al servicio de los ciudadanos y no uno – como nos está ocurriendo – que vive gracias a una presión impositiva insoportable y a tarifas por sus servicios y productos que están fuera de todo nivel de costos reales pero que, además, rompen el equilibrio de las economías familiares mes a mes. Todo esto lo hemos aplaudido en otras oportunidades, pero nuestro entusiasmo siempre naufragó en la incapacidad de los gobiernos en sortear sus propias contradicciones.

Muchas veces nos preocupó – y lo hemos reiterado en notas publicadas en Bitácora - que por decisiones tomadas ligeramente o por la mecánica de una situación heredada de la que los directorios no fueron mayormente responsables, las empresas estatales comenzaran deslizarse hacia una privatización por el camino de la “asociación” porque, entre otras cosas, nos había ganado ideológicamente el concepto de los “monopolios naturales”, una peregrina construcción teórica muy al servicio de la burocracia uruguaya, que sirvió para que aquí durante años pasara mucha agua sucia bajo los puentes del Estado, aparecieran privilegios hoy insoportables y, por supuesto, los usuarios fueran los que pagaran el pato de todo ello con tarifas por servicios, no del todo buenos, a precios insoportables y, por supuesto, su correlación de ello en el resto de la economía. Distorsión que se verifica – según el propio Mujica – en sueldos que en la misma función, pero en distintas reparticiones estatales, tienen diferencias que se multiplican por veinte.

La privatización de las empresas fueron caminos trazados desde los organismos multilaterales de crédito y tomados por algunos de los gobiernos anteriores como “palabra divina” que debía ponerse en marcha y concretarse, inclusive, a niveles de resultados ruinosos para las propias empresas y para el país. Siempre hemos apoyado las movilizaciones populares en defensa de ANTEL y de ANCAP, en que el pueblo uruguayo se definiera con claridad meridiana. Pero, eso es bien claro, ni unos ni otros (los que apoyaron un camino o el otro) queremos que esas empresas públicas, los llamados “monopolios naturales”, mantenidas en la esfera estatal, le hagan pagar a los usuarios por sus servicios, medidos a niveles internacionales, los precios más altos a los que se llega por su ineficiencia.

Pierden su sentido esas empresas públicas cuando deben recurrir a la expoliación del empobrecido usuario con tarifas fuera de toda medida y además engrosadas por la presión impositiva de un Estado nacional que para subsistir debe obtener recursos cuantiosos. Pero además, lo que se puede definir como trágico, es los grupos corporativos que enquistadas en ellas no admitan como negativa esa mecánica contradictoria en contra los intereses generales de la población y sigan presionando por “mejoras” que muy poco tienen que ver con le media nacional.

Recordemos las crisis sucesivas que debió soportar el país y la deficiente relación entre muchos organismos de producción con la sociedad misma, que mientras – muchos en el pasado reciente – desarrollaron construcciones faraónicas, parecieron olvidarse que lo hacían con los recursos que obtenían de una población que soportó, desde la devaluación brasileña en 1998, el “tobogán” más agudo de una crisis que culminara en el año 2002, con la caducidad de la totalidad de los bancos privados de capital nacional en el marco de un sector privado que pudo sobrevivir, en la mayoría de los casos, gracias a la sangría de gente que quedó por el camino y que pasaron a engrosar ese fatídico grupo de población – un tercio de ella – que quedó por debajo de la línea de la pobreza, cuando no en la indigencia.

Desde aquellos tiempos, y cuando ya está gobernando el segundo gobierno progresista, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el recurso más utilizado de ajuste de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar los combustibles, quizás los más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan ni en los países vecinos ni en los del primer mundo. El caso de UTE es paradigmático, porque mantiene las tarifas altas para preveer una crisis futura, tratando de crear un “colchón” de millones de dólares que impida – según sus directivos – el vivir situaciones financieras complejas. La situación de los qué están de otro lado de la línea no importa, solamente son válidas las medidas para apuntalar la empresa, aunque los usuarios estemos pagando precios que solo se justifican porque UTE es un monopolio que no compite con nadie.

No negamos que el proceso de racionalización luego de asumido el gobierno progresista, se adobara con medidas de buena administración, con cortes de gastos superfluos y comenzaran ha aparecer los grandes desaguisados en algunas reparticiones estatales, como el Banco Hipotecario, que fuera utilizado como coto de caza de un grupo de políticos de segunda línea que encontraron allí la posibilidad de realizar lo que su ambición siempre les había planteado. Sin embargo algunas de las políticas de esas institución se han convertido en demasiado rígidas, como por ejemplo exigir períodos largos de aportes para permitir la enajenación de viviendas, lo que impide a los matrimonios jóvenes que viven en viviendas minúsculas, enajenarlas, para pasar a otras de mayores dimensiones. La rigidez bancaria del actual BHU es tan estricta que el organismo no cumple hoy con ninguna función social.

Claro se actualmente no se utilizan como antes los dineros públicos en beneficio propios, adjudicando viviendas construidas por la Institución –en las más cotizadas zonas del país - a los familiares directos de algunos de ellos - o con fondos también que no les pertenecían viajaron por el mundo o se pagaron servicios médicos, en los centros especializados de mayor renombre a nivel internacional, sin entender en ningún momento que lo estaban haciendo con el dinero que recaudaba el Banco para construir viviendas de carácter social.

Si esta fue la ética de los directores, ¿cómo se pretende que el cobro de las cuotas fuera normal y que la morosidad se redujera? La crisis del país desde el `98 en adelante había empobrecido a los uruguayos y además, en el propio Banco, existía un directorio que actuaba de esa forma. ¿Era éticamente aceptable castigar con el desalojo y luego el lanzamiento por el atraso en las cuotas a los deudores del BHU, cuando en su dirección, quienes accidentalmente detentaban los cargos, hacían lo que la Justicia probó?

Los uruguayos en estos últimos años, si bien en el sector privado, especialmente luego de la vigencia de los Consejos de Salario, hemos recuperado algo el poder de compra. Sin embargo otros compatriotas en el sector público y los integrantes de la clase pasiva – los no privilegiados - conviviendo con otros marginales, se mantienen dentro de márgenes de orfandad. Son los que no tienen aparatos corporativos que los apuntalen.

Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, Salud Pública, Enseñanza, policías y militares, que no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente. Funciones necesarias e imprescindibles para el funcionamiento del país, pues en cada rubro de los que mencionamos no pueden existir falencias de ningún tipo.

Sin embargo si comparamos los ingresos de los funcionarios de estos sectores con los de las empresas públicas nos daremos cuenta de la enorme disparidad, absurda y negativa, que existe en el país. Y por ello se hace imprescindible una reforma del Estada seria, responsable, que valore las actividades y no premie a las organizaciones que tienen capacidad de recaudar en base de tarifas que hicieron avanzar sin escrúpulos y medida.

Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que ahora el gobierno promete encarar, una que tenga en cuenta esas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios inaceptables.

Emprender el camino de la reforma del Estado, lo sabemos, será un esfuerzo titánico, porque significará tocar intereses y mentalidades. No en vano en los últimos días asistimos a declaraciones y contradeclaraciones de dirigentes sindicales qué, incluso amenazan con paros que tendrían dudoso apoyo en la opinión pública. Ello muestra, además de las dificultades que siguen existiendo en el mercado laboral, ese flechamiento de muchos uruguayos que seguimos entendiendo que metidos en la función pública (claro, si no es de maestro, policía, enfermero o soldado), se logra la anhelada seguridad que todos buscamos en la vida.

Entre los que se resistirán a los cambios están los privilegiados de siempre y, para colmo quienes justifican esa disparidad hablando de capacidades, formaciones y que algunos, de no ser contemplados, serían atraídos por el sector privado.

Todo es discutible y la mayor parte de lo que se dice no es cierto, especialmente en el Uruguay, donde el sector privado vivió su crisis y su bonanza en algunos sectores es producto del manejo adecuado de las variables de los negocios. Pero, nos preguntamos: ¿Qué empresa del sector privado paga hoy sueldos de más de 100 mil pesos como hacen algunas empresas del Estado? Claro, en algunos casos están las que unen al usufructo del cargo una permanente inestabilidad en la función. ¿O ese rubro no lo tomamos en cuenta cuando hablamos del tema?

La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cual es la realidad cotidiana y las ventajas que, de alguna manera, ha tenido para algunas actividades el quebrar la explotación monopólica como ha sido, por ejemplo, en la telefonía móvil, que se ha desarrollado en el país en progresión exponencial gracias a la existencia de la competencia.

Se impone, entonces, descabezar un monstruo que es ineficiente incapaz.

(*) Periodista. (Publicada en el suplemento Bitácora de LA REPUBLICA)

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