La última crónica de Brecha: Intereses cruzados

Brecha, 20 de agosto de 2010:

Brecha accedió al expediente del caso Peirano obteniendo un hallazgo y una confirmación. El documento judicial reveló que la abogada Cecilia Salhon, pareja de Gonzalo Fernández e integrante de su estudio jurídico, solicitó la clausura del expediente Peirano por la derogación del ya famoso artículo 76 de la ley 2.230, días después de que su compañero asegurara que eso no podría ocurrir. A la vez, se confirmó que la carátula no cambió. Fuentes judiciales aseguraron a Brecha que los hermanos Peirano están sin antecedentes penales.

El estudio jurídico del entonces canciller de la República, Gonzalo Fernández, defendía penalmente a uno de los directores del Banco Montevideo en el momento en que el Parlamento derogaba en noviembre de 2008 el artículo 76 de la ley 2.230 por la que se encontraba procesado su cliente en el caso de los hermanos Peirano.

La derogación del artículo posibilitó que el Tribunal de Apelaciones de tercer Turno clausurara el expediente, al extinguirse la figura penal que definía el delito.

Fernández –catedrático de derecho penal– brindó su opinión jurídica al senador Sergio Abreu y al diputado Álvaro Lorenzo, asegurando que la derogación no causaría ningún efecto en el expediente. Al parecer no informó a los legisladores que su estudio jurídico se encargaba de la defensa de uno de los procesados y que esa defensa estaba a cargo de su pareja, la abogada Cecilia Salhon. Es de suponer que tampoco todos los legisladores del Frente Amplio que aprobaron la derogación estaban al tanto de que la abogada Salhon integraba en 2007 el cuerpo de asesores de la bancada del Partido Socialista.

A comienzos de noviembre de 2008, la Cámara de Diputados completó la aprobación de la ley 18.411 que incluía la derogación del artículo 76. Días después, la abogada Salhon ingresó en el Juzgado Penal de 7o Turno la solicitud de clausura del proceso penal para su cliente, Juan Domingo Ratti, en virtud de que el Parlamento había derogado la figura penal por la que estaba procesado. Poco antes su compañero, Gonzalo Fernández, había fundamentado a los legisladores que lo consultaron que ese extremo no podría ocurrir.

Una solicitud similar a la de Salhon presentaron los abogados de los restantes procesados en la causa, Jorge, José y Dante Peirano Basso, Marcelo Guadalupe y Mario San Cristóbal. Tal como recuerda el Tribunal de Apelaciones de tercer Turno en su última resolución –la que terminó por clausurar el expediente–, primero comparecieron los defensores de Jorge, José y Dante Peirano Basso para solicitar que “debe clausurarse” el proceso en virtud de que “sus defendidos están procesados por la presunta violación del artículo 76 de la ley 2.230, el que fue derogado por la ley 18.411”. En las fojas inmediatas a esta petición se consigna que “comparecen los señores defensores de Marcelo Guadalupe, Mario San Cristóbal y Juan Domingo Ratti, quienes solicitan la clausura de los procedimientos por fundamentos similares”. En el expediente queda en evidencia la coincidencia en el procedimiento de todos los defensores.

LA CADENA DE HECHOS. Dos meses después, el 11 de diciembre de 2008, la titular del juzgado, la doctora Mariana Mota, comunicó a todos los abogados defensores de la causa sobre el dictamen de la Fiscalía, que se oponía al petitorio de clausura del proceso. A fojas 5.413 del expediente caratulado “Peirano Basso, Jorge y otros. Artículo 76 de la ley 2.230” aparece el correspondiente cedulón enviado a la doctora Cecilia Salhon, quien había fijado “domicilio en Cerrito 420, escritorio 607”. Esa dirección corresponde, según comprobó Brecha, al estudio jurídico de Gonzalo Fernández.

En oportunidad de decretarse el procesamiento de los hermanos Peirano en 2002, Gonzalo Fernández pretendió asumir la defensa de Jorge Peirano Basso, en virtud de su amistad con el banquero y también docente universitario. La decisión fue cuestionada por la dirección del Partido Socialista y Fernández desistió de ejercer la defensa, en una controversia que lo impulsó a renunciar al Partido Socialista, extremo que finalmente no se concretó.

Fernández nunca dejó de ejercer como abogado penalista, al frente de su estudio, mientras ocupaba cargos de gobierno en la anterior administración. Lo que no había trascendido hasta ahora es que su pareja, la doctora Salhon, estaba encargada de la defensa de Domingo Ratti, tal como lo evidencia el expediente penal que pudo leer Brecha.

Cuando en octubre de 2008 se estaba por derogar el artículo 76 de la ley 2.230, es de presumir que Fernández no informó al senador Abreu, ni al diputado Lorenzo, ni a la bancada frenteamplista, ni a sus compañeros del ps, del patrocinio de su estudio a uno de los procesados por el caso Peirano.

Tampoco consta que la doctora Cecilia Salhon haya informado de esto a la bancada del Partido Socialista. Salhon se integró a la secretaría del diputado socialista Gustavo Bernini el 1 de mazo de 2006 como asesora en materia jurídica. Bernini fue uno de los legisladores que la semana pasada defendió con más vehemencia la postura del Frente Amplio en la derogación del artículo 76 y el papel que le cupo en esas instancias al entonces canciller Gonzalo Fernández.

Cabe recordar que Salhon se incorporó como asesora después de un escándalo político por la aprobación del artículo 13 de la ley de presupuesto que le había permitido pasar en comisión al despacho de Bernini, sin perder el cargo de fiscal adjunta que desempeñaba hasta entonces en la Fiscalía Penal de 11º Turno.

En ese entonces, ante las quejas del gremio de los fiscales por la llamada “ley Salhon” y de diversos artículos periodísticos (véase Brecha, 23-II-07) que señalaban la incongruencia –una fiscal que asesoraba a un político y que ejercía la profesión liberal enfrentando en juicios al Ministerio Público, del que seguía siendo empleada– Salhon terminó por renunciar a la Fiscalía.

En un artículo de opinión firmado por el diputado Bernini y publicado el 24 de febrero de 2007 en el sitio web La Bitácora de Charly, se abunda sobre el eficiente trabajo de Salhon como asesora del Partido Socialista: “Desde el 1 de marzo de 2006, la doctora Cecilia Salhon integra el equipo de compañeros y compañeras asesores de la bancada socialista en el Parlamento Nacional, equipo que hemos denominado adap y que nos auxilia en los temas que se plantean en el desempeño de nuestra labor legislativa. (…) De más está decir que el aporte de la doctora Cecilia Salhon ha sido invalorable. (…) A solicitud de varios compañeros parlamentarios y siempre con la mejor disposición, Cecilia ha confeccionado numerosos informes y evacuado distintas consultas (…). Es más, excediendo la estricta labor de asesoramiento legislativo, en reiteradas oportunidades, los legisladores le hemos solicitado que tomara casos puntuales en la órbita penal y lo ha hecho en forma honoraria”.

El 5 de noviembre de 2008, cuando se derogó el artículo 76 de la ley 2.230, Salhon se mantenía asesorando al diputado Bernini y a la bancada socialista. Y permanecía en esas funciones a mediados de 2009, cuando participó en la elaboración del proyecto de ley denominado “penas y medidas alternativas a la reclusión”. No fue posible confirmar si mantiene esa vinculación al día de hoy.

Por otro lado, resulta curioso que en la resolución del Tribunal de Apelaciones de tercer Turno, fechada el 29 de julio de 2010, se mencione a todos los abogados que solicitaron la clausura del expediente, menos a Cecilia Salhon. Esa omisión del tribunal retrasó un poco el hallazgo periodístico de la conexión entre el estudio de Gonzalo Fernández y la defensa asumida en el expediente de los hermanos Peirano Basso. Al consultar el expediente, para confirmar si se había cambiado la carátula, como sostuvieron Fernández y dirigentes del Frente Amplio, Brecha encontró el cedulón que la identificaba como uno de los abogados defensores.

DEFENSA CERRADA. Las implicancias de Gonzalo Fernández en la defensa del “caso Peirano” fueron uno de los elementos que sobrevolaron la discusión interna del Frente Amplio desde que se conoció, a comienzos de este mes, la resolución del Tribunal clausurando el expediente en virtud de la derogación del artículo 76. Al finalizar la reunión de los líderes de los sectores del Frente Amplio con Fernández, pasado el mediodía del lunes, el presidente de la coalición, Jorge Brovetto, leyó una comunicación oficial que declaraba satisfacción por la información presentada y respaldaba la “actuación del compañero Gonzalo Fernández como frenteamplista y como gobernante”. Simultáneamente, en reuniones de bancada, algunos senadores del fa mencionaron el antecedente de su intento de defensa de Jorge Peirano, pero el tema fue totalmente descartado. El senador Enrique Rubio dijo a Brecha que “es un disparate afirmar que Gonzalo asesoró en la defensa de los Peirano; en el expediente sólo aparecen en textos de la defensa citas de su libro sobre sociedades anónimas”. El senador Rafael Michelini llegó a reprochar la “falta de reacción (de sectores del fa) para defender a Gonzalo Fernández (…) Cuando le pegan a un sector, el resto mira para el costado”, declaró a Últimas Noticias.

En la reunión de bancada frenteamplista, durante el cuarto intermedio de la sesión del Senado que consideraba la cuestión de fueros del senador Abreu (véase nota aparte), la mayoría de los senadores optaron por eludir el debate sobre el tema, en el plenario

Sin embargo, las declaraciones públicas de la coalición reprodujeron casi textualmente los argumentos de Fernández contenidos en un documento de 40 puntos que entregó a la Mesa Política, en la tarde del lunes. Entre ellos, el punto crucial de que la derogación no afectaría el trámite de la causa de los Peirano y que se había producido un cambio en la carátula del expediente, a raíz del pedido fiscal de 2006.

LA FAMOSA CLAUSURA. Brecha confirmó con el expediente a la vista que el cambio de carátula no se produjo y el pedido fiscal no se convirtió en sentencia, entre otras cosas porque la defensa de los Peirano introdujo pedidos de prueba que dilataron el pronunciamiento. La apreciación de Fernández, en noviembre de 2008, resultó equivocada, pero los senadores del fa descartaron que se hubiera cometido un “error” al momento de votar la derogación. La declaración emitida el martes a la finalización de la sesión del Senado afirma en su primer punto que “los legisladores del Frente Amplio se han conducido y conducen con transparencia y limpieza de procedimientos en todo su accionar político y legislativo, más allá de los humanos errores que se puedan cometer”. El último tramo de la frase fue incorporada por la insistencia de un senador, para quien la votación en 2008 no había agotado el estudio de las posibilidades, incluso con la advertencia que había formulado en sala el diputado Álvaro Lorenzo. Como se detalló en la edición anterior de Brecha, Lorenzo terminó votando la derogación a raíz de la opinión que le formuló el entonces canciller Fernández. En sus declaraciones a Brecha, el senador Rubio admitió que se había cometido un error, pero señaló que “eso no es lo más importante. La resolución del Tribunal nos dejó perplejos”.

El informe de Brecha del viernes 13 ocupó el centro de la discusión de la Mesa Política, tanto que el presidente Brovetto habló, ante la prensa, de un “linchamiento periodístico”. Así, pasó inadvertida la propuesta de los delegados del mpp de “crear una comisión investigadora interna para desentrañar lo que pasó”. Esa iniciativa que será considerada probablemente en la reunión de la Mesa Política prevista para hoy, viernes, fue confirmada a Brecha por el dirigente del mpp Julio Marenales.

A media voz, dirigentes frenteamplistas van dejando caer sus dudas sobre la manera como el Frente Amplio condujo esta crisis política. “Hubo un trámite cuestionable en la aprobación de la ley que incluía la derogación, pero ante el error el Frente opta por cerrar filas”, dijo uno de los consultados.

Si el Frente desestimó en 2008 chequear la opinión jurídica de Gonzalo Fernández, ahora, en un nuevo apuro, descartó chequear la afirmación de que la carátula del expediente había cambiado. A los dirigentes el trabajo de confirmación les habría resultado más fácil que a Brecha, y en la gestión, quizás, se hubieran enterado de que el estudio jurídico del ex canciller aprovechó la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 para solicitar la clausura del expediente. 

Los antecedentes y lo no dicho

En su carta a Brecha (véase página 4) el profesor Gonzalo Fernández no explicó cómo es posible, jurídicamente hablando, que la clausura del expediente de los hermanos Peirano y del resto de los beneficiados con la decisión del tribunal de apelaciones, no signifique “que se borren los antecedentes” ni cosa por el estilo. Las diversas consultas de Brecha a jueces y ministros del tribunal de apelaciones son contestes en señalar que una persona que no llegó a ser condenada “no tiene antecedentes penales”, y que por ello, llegado el caso de la comisión de un nuevo delito, deben ser considerados como delincuentes “primarios”. La anotación que queda en los archivos judiciales no equivale a un antecedente penal, y en todo caso los Peirano podrán ser considerados “primarios legales”, pero primarios al fin. Y esto quiere decir que si cometen otro delito no necesariamente deben terminar en la cárcel, lo mismo que sucede con todos los primarios.

Fernández también obvió decir que mientras señalaba a los parlamentarios que si se derogaba el artículo 76 de la ley 2.230 nada afectaría al proceso de los Peirano, su compañera y abogada, Cecilia Salhon, desde el estudio de la calle Cerrito 420, escritorio 607 –a nombre del “Doctor Gonzalo Fernández”– aprovechaba la derogación del artículo para pedir la clausura del expediente por el que se procesó a los banqueros y directivos del Banco Montevideo (véanse páginas 2 y 3). 

W P

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